El Gobierno Regional ha dado luz verde a la nueva Ley de Suelo, que ahora llegará a la Asamblea para su debate. En la norma se agilizan los plazos para aprobar planes de urbanismo y se endurecen las sanciones a los infractores.

Imprimir celeridad a los trámites fue una de las condiciones que le impuso la presidenta Cifuentes al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, cuando le encargó la redacción de la nueva Ley, que sustituye a la vigente desde 2001. En ella, se plantean «planes exprés» de urbanismo que permitan a las localidades de hasta 5.000 habitantes aprobar actuaciones que sólo afecten a su casco histórico y no a nuevos desarrollos.

Además, la ley incluye sanciones más duras, incrementa el plazo de prescripción de los delitos hasta 8 años (el doble que ahora) y permite a la Administración decomisar cualquier beneficio que se haya obtenido cometiendo una infracción.

Otra característica de la norma es modificar las clases de suelo: el que hasta ahora era urbanizable no sectorizado pasa a convertirse en no urbanizable común. Y en él no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planeamiento general, a iniciativa de los ayuntamientos.

Una vez que la ley sea aprobada en la Asamblea, se abrirá un plazo de 4 años para que los ayuntamientos adapten su planeamiento a las nuevas disposiciones.