El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, ha desafiado al Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar esta tarde, en una rueda de prensa con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras una reunión mantenida por ambos dirigentes populares, su decisión de no cerrar la estación de esquí de Navacerrada, como el Ministerio de Transición Ecológica comunicó a la empresa concesionaria Puerto de Navacerrada Estación de Esquí S.A

Mañueco aseguró que el cierre ha sido decretado «por el Gobierno de Sánchez que ataca claramente el futuro socioeconómico de Navacerra y de todo su entorno, que es la Comunidad autónoma de Madrid y de Castilla y León», sobre todo la provincia de Segovia.

El presidente regional afirmó que «el Gobierno de España ha considerado que la Junta de Castilla y León es la competente para declarar el cierre y nosotros consideramos que no hay ni razones políticas ni jurídicas para declarar el cierre de Navacerrada».

Mañueco advirtió de que el concesionario «va a seguir prestando su actividad y no hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esta actividad. Es compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos o los montes de utilidad púbica, donde se ubican las pistas».

A juicio del dirigente regional, su propuesta es «una forma de poner en valor que con actividades de estas características nos comprometemos con el mundo rural, con el asentamiento de la población y con la actividad económica de esta zona tan privilegiada que une estas dos comunidades».

Hay que recordar que el Ministerio de Transición Ecológica anunció el pasado mes de marzo su decisión de no renovar la concesión a tres pistas emblemáticas de la estación de esquí, El Bosque, Escaparate y Telégrafo y la concesionaria mostró sin miramientos su «desacuerdo» ante una «decisión política sin fundamento». Los argumentos del Ministerio para no renovar la concesión de 25 años de los terrenos, que vence el próximo 3 de abril, son dos: la elevada presión turística que sufre la montaña y el cambio climático.

El desmantelamiento de la estación «implicaría el abandono y la vandalización de las instalaciones, el despido de sus más de 30 trabajadores directos, así como la afección a más de 200 puestos de trabajo indirectos y a la actividad económica en los municipios cercanos». Cada euro gastado en un forfait —uno de los «más asequibles», según la Comunidad de Madrid— repercute en 6 euros de gasto en el territorio de montaña, según calcula la empresa. Y los municipios afectados también han alzado la voz.