La Policía Nacional y la Guardia Civil se plantan contra Fernando Grande-Marlaska. Todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se unen en una histórica alianza para detener la nueva y podemita Ley de Seguridad Ciudadana de Marlaska.

Es importante recordar que la nueva normativa, que deroga la mal llamada ‘ley mordaza’, supondrá un mayor peligro para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que les deja más expuestos y vulnerables ante los grupos más radicales de la sociedad.

La ‘batalla’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra Marlaska y resto del Gobierno de Pedro Sánchez empezará con una protesta en Madrid el próximo 27 de noviembre.

La AUGC  (Asociación Unificada de la Guardia Civil) y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) ya han confirmado que participarán conjuntamente en estas manifestaciones ideadas y apoyadas por todos los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil.

Los agentes aseguran que la nueva ley no está diseñada para proteger a los manifestantes, sino “para cercenar la capacidad las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de Policía y Guardia Civil”, aseguraba hace unos días Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional en la que dispone de ocho asientos de los 14 disponibles en el Consejo de la Policía.

También el SUP (Sindicato Unificado de Policía) acudió a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior solicitando que protejan a los policías del intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias y atenta contra los derechos del resto de la sociedad”, explicaban. Está previsto que en los próximos días el SUP también sea recibido por el ministro Marlaska.

La AUGC y el SUP vienen reclamando desde hace tiempo la reforma del Código Penal “para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública, el Gobierno y sus socios contestan con una reforma que pone en mayor situación de riesgo a policías, guardias civiles y las familias de todos”, han asegurado en un comunicado conjunto.

Tanto para AUGC como para el SUP, “nos preocupa de la reforma, la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. La nueva medida nos pone en riesgo y a nuestras familias, especialmente en las zonas de España en las que se vive mayor conflictividad y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes, una vez difundidas, el daño es irreparable. Más irracional aún es retirar el material de trabajo a los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo, dejando a guardias civiles y policías a merced de los violentos”, explican.

La bautizada por sus detractores como ‘ley mordaza’ pretende ser derogada, eliminando del ordenamiento jurídico la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa. Todos los sindicatos y organizaciones de Policía y Guardia Civil están de acuerdo en que derogar esta ley supondría anular lo que se considera ahora una “salvaguarda para el derecho a la intimidad de los miembros de las FFCCSE y una medida para garantizar la integridad física de los agentes y de sus familias”.