María Jesús Montero, la horterilla e histriónica ministra de Hacienda, pertenece a esa categoría de personas que se lanzan a la piscina sin saber si van a coger agua. Es el personaje ideal para el dislate de Gobierno de Pedro Sánchez. Ella siempre está dispuesta a hacer lo que haga falta. Y ahora, ante la presión de los alcaldes gastosos, tenía que restituir vía decreto (como le gusta gobernar a su jefe) el impuesto de la plusvalía municipal por los pisos vendidos.

Chiki, dicho y hecho… Toma decretazo.

Y, tras este atropello, vamos a volver a pasar por caja para pagar algo que una resolución del Tribunal Constitucional había tumbado…

Aparte del desprecio al Estado de Derecho y a las instituciones, la cosa muestra el talante antidemocrático que hoy mantiene al PSOE de Sánchez y el permanente acoso a la propiedad privada de esta izquierda radical que nos gobierna. Una izquierda radical instalada en la rapiña y que no entiende que el cobro de la plusvalía municipal por la venta de un piso es ilegal, inconstitucional, insolidario y lo que es peor, injusto.

Y, ojo, porque los propios técnicos de Hacienda ven “riesgos de inconstitucionalidad” en dicho decretazo.

Según los técnicos de Hacienda, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 26 que determinó la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), lo que en la práctica suponía la nulidad del impuesto (al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías), ahora la nueva regulación del impuesto en un Decreto ley podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución por lo que recomiendan que debe tramitarse como proyecto de ley para eliminar cualquier riesgo porque habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la Plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los Tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.

Y, además, los Ayuntamientos deben aprobar las Ordenanzas fiscales a toda prisa (antes de los seis meses de plazo que tienen), pues cada mes que pase supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones.

En Pozuelo, la pérdida puede ser de 1.300.000 euros más o menos al mes. Eso, claro está, en la opción máxima ya que el nuevo decretazo establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa para él y ello, para empezar, disminuirá la recaudación…

A falta de conocer el texto del decreto que se publica hoy en el BOE y, por lo tanto, de esperar los análisis de los expertos, la realidad de esta crisis recaudatoria indica que hay que replantear las haciendas locales urgentemente, especialmente en esa parcela que los ha convertido en la pagadora de la oficina de empleo en que los partidos políticos han convertido a los ayuntamientos…

El Ayuntamiento de Pozuelo, y vuelvo sobre esta ciudad, no puede seguir manteniendo el 41% del Presupuesto del año en Gastos de Personal. 43.655.704 de euros, exactamente, en 2021. Eso es una barbaridad y ese dinero está saliendo del injusto impuesto de Plusvalía que ya se ha convertido en la mayor fuente municipal de ingresos…

¿Si esta cifra de ingresos baja, de dónde va a salir el dinero para pagarles?

¿Del capitulo de inversión?

Espero que esta nueva situación, obligue a la alcaldesa de Pozuelo Susana Pérez Quislant y al PP en general, estos que dicen que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y no para seguir con este latrocinio de pagar a los amiguetes camuflados como eventuales…

Yo que la alcaldesa, aunque sé que es imposible porque se quiere despedir de Pozuelo por todo lo alto, no confiaría en que este decretazo le solucione sus problemas de pasta… Espero que reflexione y haga algo bueno por Pozuelo.

El Capitán Possuelo