Las ayudas para empresarios y autónomos afectados en su actividad por el Covid-19 comenzaron a tramitarse en mayo de 2021. Madrid fue de las primeras comunidades en presentar estas subvenciones directas, financiadas con dinero del Gobierno central, completado por el de la propia autonomía.

Desde entonces, ha ampliado en dos ocasiones el plazo para presentarlas y otras tantas las actividades que podían solicitarlas. Y ha conseguido entregar más de 25.000 por valor de unos 463 millones de euros. Pero quedan aún pendientes de repartir otros 450 millones; por eso ahora, Madrid vuelve a abrir plazos y las hace accesibles a cualquier actividad económica.

En total, las ayudas tienen una financiación de 899,2 millones de euros. De ellos, 220 son fondos propios de la Comunidad que completan los más de 600 que ha aportado el Gobierno de la región. En un primer momento, el decreto del Ejecutivo central dejaba fuera de estas ayudas a empresas como peluquerías, instalaciones eléctricas, comercio minorista o talleres mecánicos. Ahora, se ha abierto a cualquier actividad económica, incluidos los negocios de alimentación.

Madrid lleva ya entregadas ayudas a 25.100 empresarios, por valor de 463 millones de euros y espera datos de la Agencia Tributaria para validar otras 10.700 ayudas. Aún así, quedan pendientes de repartir nada menos que 450 millones de euros. Y Madrid es la comunidad, después de Baleares y Canarias, que más rápidamente ha ejecutado estas ayudas.

El motivo por el que, a pesar de los daños causados por la Covid-19 en tantas empresas y autónomos madrileños, haya aún tantísimo dinero en ayudas directas pendiente de que sea solicitado por quienes lo necesitan es, según el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, «que el decreto original estaba muy mal hecho; la ministra Nadia Calviño lo hizo muy mal», aseguraba este miércoles.

En su opinión, el decreto que rige estas ayudas «lo realizó sin hablar con nadie, y ha tenido que establecer modificaciones hasta tres veces para arreglarlo». Al principio, por ejemplo, sólo se daban las ayudas a quienes tenían facturas pendientes de pagar, y no a quienes haciendo un esfuerzo las habían abonado, pese a haber sufrido igualmente la caída de ingresos en sus negocios a consecuencia de la pandemia. «Empresas que sufrieron mucho no han podido acogerse a las ayudas porque están mal concebidas, y por obstinación se han negado a reconocerlo».

Al ser una partida que viene del Gobierno central, insiste Fernández-Lasquetty, la Comunidad tiene que ceñirse a los criterios que establezca el decreto estatal a la hora de repartirlas. «No podemos dar el dinero bajo otras condiciones», aunque sí han pedido en reiteradas ocasiones que se modificaran los criterios, y han ampliado plazos o sectores afectados dentro de sus competencias.