El Gobierno regional madrileño acaba de resucitar el proyecto de nueva Ley de Farmacia e inicia su tramitación para ver si ahora consigue sacarla adelante por tercera vez. En ella se recogen los principios que inspiraron las anteriores, como la flexibilización de horarios -con un tramo fijo en que todas deberán abrir- y la dispensación a domicilio, recogiendo en este caso la experiencia vivida durante la pandemia.

La primera vez que se intentó aprobar la Ley de Farmacias fue en 2018. Había un texto ya elaborado, pero en el último momento, Ciudadanos unió sus votos con PSOE y Podemos en contra de la norma, que fue tumbada en la Asamblea. En la pasada legislatura, Isabel Díaz Ayuso intentó reactivarlo, pero la convocatoria anticipada de las elecciones no dio tiempo ni a sacar el borrador del cajón.

La nueva norma está ahora en una tercera fase: el anteproyecto de la ley se acaba de publicar en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Ahora se lleva por tramitación urgente, con la intención de completar los plazos durante la presente legislatura, que acaba en 2023.

Uno de sus puntos fuertes es la flexibilidad horaria, que queda garantizada al incluirse en el texto la obligatoriedad de cumplir con una franja fija de apertura que será igual para todas las oficinas de farmacia. Eso supondrá tener que estar abiertos de 10 a 13 horas y de 16 a 19, de lunes a viernes, y los sábados solo en turno de mañana. Fuera de ella, podrán establecer el horario de apertura y cierre que estimen oportuno, siempre que cumplan con esa franja y con un mínimo de 40 horas semanales de apertura. Se autoriza también la apertura 24 horas al día y 365 días al año.

En el nuevo texto normativo se recogen las particularidades de los pequeños municipios del entorno rural. Y por eso plantea que en las localidades con menos de 2.000 habitantes, el horario podrá acomodarse a las circunstancias del lugar, para adecuar la atención sanitaria a las necesidades de la población.

Otra de las cuestiones que aparece, y que dio lugar a controversia en las anteriores tramitaciones de la ley, es la relativa al servicio de reparto de medicinas a domicilio. Esta dispensación de la farmacia a la casa fue utilizada durante la pandemia con mucho éxito. Aunque en su día otros colegios profesionales, en especial el de enfermería, se opuso a ello por considerarlo una invasión de sus competencias, la norma lo recoge de nuevo.

Es más, si en el anterior texto se hablaba de la posibilidad de esa dispensación a domicilio en caso de personas discapacitadas o mayores dependientes, ahora se generaliza más, atendiendo a buen resultado que ha dado en la práctica durante la pandemia. De esta forma, aseguran en el Gobierno regional, «se garantiza la calidad durante todo el proceso de administración de fármacos, en las oficinas de farmacia o a domicilio, por profesionales cualificados para ello».

Además, la ley insiste en la necesidad de «reforzar la adherencia del paciente al tratamiento pautado», y para ello «se regulan los sistemas personales de dosificación, con especial énfasis en los pacientes crónicos, polimedicados y en situación de dependencia».

Los responsables de la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, defienden la necesidad de renovar la ley -dado que la actual es de 1998- para adaptar este servicio a las necesidades de ciudadanos y farmacéuticos «en la sociedad del siglo XXI».

Más allá de estas medidas, la nueva Ley de Farmacia también contempla mejoras y facilidades en los sistemas para que los ciudadanos depositen en las farmacias medicamentos caducados o no utilizados. Y prevé ampliar las secciones de nutrición y dietética en las farmacias, dotándolas de mayor flexibilidad y ayudando con ello a estimular la economía en este sector.

Para la elaboración de este anteproyecto, el Gobierno regional asegura que se han mantenido reuniones con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (ADEFARMA) y el Consejo General de colegios Oficiales de Farmacéuticos, entre otros. Con el fin, argumentan, de «recoger las diferentes sensibilidades del sector» en el texto legal.

Tras pasar por el trámite de audiencia pública, en que se presentarán las alegaciones que consideren ciudadanos y entidades, se llevará a aprobación por el consejo de Gobierno, para desde ahí trasladarlo a la Asamblea donde será debatido y votado.