El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado como investigada a la alcaldesa de la localidad, Noelia Posse (PSOE), el próximo 18 de noviembre a las 10:45 horas, por un presunto delito de malversación y otro continuado de prevaricación, según la notificación a la que ha tenido acceso Europa Press.

La querella, que fue interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM) y admitida a trámite en abril, viene motivada por lo que entienden ha sido la «condonación» de una deuda pública de más de 2,4 millones de euros a una empresa, que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad.

«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años», recalcan en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sobre este punto concreto, se recoge en la misma que la mencionada sociedad concesionaria «tan sólo habría hecho efectivo el canon de los ejercicios 2011 y 2012», y un pago parcial en 2013. Aun así, el 1 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta de resolución sobre aceptación del pre-concurso de acreedores presentado por la concesionaria.

Este hecho se produce después de que fuera rechazado en un par de ocasiones por los funcionarios de Secretaría e Intervención «porque se pretendía acordar una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local», indican.

«El meritado acuerdo JGL fue adoptado a pesar de los informes manifiestamente desfavorables del Interventor y del Secretario en funciones del Ayuntamiento», insisten en el escrito, aludiendo a la rapidez con la que se cerró todo el proceso no exento de irregularidades, según plantean.

En el documento de admisión a trámite subrayan que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa».