Un juzgado de Madrid ha archivado una querella por la muerte y el contagio de ancianos en cuatro residencias durante la primera ola de la pandemia al no ver delito en la actuación de los directivos de los centros, quienes hicieron su trabajo «en unas condiciones extremadamente complicadas».

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés (Madrid) ha cerrado el caso en un auto del 13 de julio, que puede ser recurrido, en el que afirma que a los residentes, que eran «personas con importantes antecedentes médicos y patológicos», «se les prestó la asistencia médica, asistencial y hospitalaria que las circunstancias permitieron».

«Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid», añade.

El auto recuerda el «colapso absoluto del sistema sanitario» de aquellos meses y afirma que «no es exigible a una persona prestar un auxilio que no está en sus manos» y que «la falta de material de protección» era «una carencia a nivel estatal».

Aunque la querella, interpuesta por delitos como «homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación», también se dirigía contra altos cargos de la Comunidad de Madrid como la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y varios consejeros como Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, la Audiencia de Madrid desestimó que se les investigase dado que el juzgado no era competente.

El auto señala que «la decisión de ser o no derivados al hospital en casi todos los casos no dependió» de las residencias, sino que fue «una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia».

Entre los querellados figuraban directivos de cuatro residencias -Amavir-El Encinar, Aralia Servicios Socio-Sanitarios-Parque de los Frailes, Vitalia Home-Leganés y Domus VI-Leganés- a quienes, según la magistrada, no se hace «ninguna imputación criminal».

«Nada se dice respecto de las residencias, o de una actuación imprudente, negligente o culpable de las mismas, sino más bien se las presenta como meras ejecutantes de las directrices que marcaba la Comunidad Autónoma», indica.

Si los protocolos fueron o no acertados, añade, «es cuestión ajena a los directores» y al personal de los centros, «que se limitaron a cumplir lo que se les ordenaba y a llevar a cabo su trabajo, en unas condiciones extremadamente complicadas y difíciles, aun a riesgo de sus propias vidas, de la mejor manera posible».

A lo largo del auto se describen los casos de los diferentes residentes, algunos de los cuales, dice, «ni siquiera presentaron signos compatibles» con el COVID-19 y «en bastantes casos» no hubo prueba de diagnóstico.

La querella, explica, describía «la dolorosa situación por la que han atravesado treinta y dos familias en relación a familiares suyos que han enfermado, y, en algunos casos fallecido», si bien en ella, insiste, no se desprenden indicios de delito.