La Comunidad de Madrid ha aceptado pero ha votado en contra del acuerdo que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la reunión extraordinaria del Consejo Territorial convocada para abordar la situación de los 200 menores migrantes procedentes de Ceuta, al considerar “errática” la política migratoria y exterior del Gobierno.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado “el apoyo y la solidaridad” del Ejecutivo regional con la aceptación de su cuota de reparto de 20 niños, aunque ha sido la única comunidad en votar en contra.

“Estos criterios son diferentes a los utilizados en la reciente crisis migratoria de Canarias, y es imprescindible que se trabaje en unos criterios únicos, estables y consensuados por todas las Comunidades Autónomas de ahora en adelante, no pudiendo haber distintas propuestas realizadas en situaciones de crisis y en las que ni siquiera existe un tiempo razonable para su estudio y presentación de propuestas alternativas”, ha señalado.

Además, Escudero ha demandado al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias, “que no delegue por más tiempo el peso de la política migratoria en las Comunidades Autónomas y que articule los mecanismos de planificación, coordinación y financiación que le corresponden de manera inmediata”.

La propuesta de reparto elaborada por el Ministerio de Ione Belarra, ha tenido en cuenta, entre otros indicadores, la población de cada territorio, el número de menores que acogían, la renta per capita y la tasa de paro.

La distribución solo se aplicará a menores de edad que ya estaban tutelados por la comunidad autónoma antes de la crisis con el objetivo de que el sistema de protección tenga más margen para afrontar la atención de centenares de nuevos niños y adolescentes hasta que se resuelva su destino. Muchos quieren volver y serán reagrupados con sus familias, pero otros tantos no quieren oír hablar de volver a Marruecos.

Belarra ha celebrado el acuerdo y espera que los traslados puedan realizarse “en el plazo más corto de tiempo” posible, aunque, ha dicho, dependerá de cada comunidad y sus posibilidades para desplegar las plazas.