La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid ha eliminado un total de 30 procedimientos administrativos en 2020 en el marco de la puesta en marcha del Dosier Empresarial Unificado (DEU), un proceso de identificación de trámites con el objetivo de agilizarlos y eliminar trabas administrativas.

Este proceso fue desarrollado a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2019 y se identificaron en el seno de la Consejería 407 procedimientos administrativos, entre propios, autonómicos y estatales, según datos ofrecidos por la Consejería que lidera Manuel Giménez.

Desde la Consejería de Economía señalan que quieren que la administración “deje de ser una traba para ser un trampolín”, de forma que se adelante a los problemas de las empresas de la región a las que se atenderá “de forma ágil y eficiente”.

Para ello, la Comunidad de Madrid ha centrado la tarea en eliminar varios procedimientos en el área de la Dirección General de Empleo y la de Trabajo y ha conseguido eliminar 30 ellos.

Entre ellos, se ha acabado con la obligación de solicitud física para darse de alta en el registro de contratos laborales, se han reducido los plazos para el registro de convenios, así como en la tramitación de ayudas a los trabajadores autónomos en un 50%.

Actualmente, han precisado que se trabaja en la siguiente fase dirigida a reducir los trámites ligados a la administración autonómica y, con ello, a la actividad económica y empresarial. Asimismo, da respuesta a las medidas 66 y 139 del Acuerdo de Gobierno.

“El DEU sienta las bases de un nuevo modelo de desarrollo de Madrid con el objetivo de colocar a la Comunidad de Madrid como una de las regiones más competitivas de Europa”, han subrayado, a lo que han añadido que establece un modelo de administración “ligera” que pueda cumplir las demandas y necesidades de las empresas madrileñas del siglo XXI.

De esta forma, la Estrategia incorpora un nuevo “reenfoque” de la Administración, situándolo “en el ciudadano, no en el procedimiento”, así como una reducción “radical” de los procesos, trámites y procedimientos a los que se sujeta a cualquier empresa o empresario para el desarrollo de su actividad.