José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) aterrizó en la Audiencia Nacional en 1990 y es magistrado de la Sala Penal.

Fue el artífice de la moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy y llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel en la que cuestionó la «credibilidad» del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.

Cómo sería la cosa que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidía posteriormente apartarle del juicio de la caja B del PP al considerar que ya entró a valorar los hechos en la sentencia que dictó sobre la primera época del caso Gürtel (1999-2005).

Tras denunciar varios medios de comunicación sus maniobras en la citada sentencia, De Prada pidió amparo al CGPJ ante lo que consideraba una campaña que le había convertido en «chivo expiatorio». Tras estudiar su caso, el Gobierno de los jueces se negó a darle amparo.

Fuentes jurídicas muy cercanas a De Prada destacan su ideología radical de izquierdas: «No es que sea progresista es que Trotskista o Estalinista», ironizan.

A pesar de que un juez no debe plasmar sus ideas políticas en sus resoluciones, la trayectoria de De Prada ha estado marcada precisamente por lo contrario. Especialmente polémicas han sido sus decisiones judiciales relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en Cataluña.

Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por el que fue finalmente inhabilitado como juez.

En el caso archivado del vuelo clandestino de la CIA que aterrizó en 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, supuestamente utilizado para trasladar presos a Afganistán, De Prada presentó un voto particular en el que apuntaba al expresidente del Gobierno, José María Aznar, como responsable de los hechos.

En 2011, De Prada justificó el chivatazo a ETA en el ‘caso Faisán’ porque, según su criterio, se produjo en un contexto de negociación que el Gobierno socialista mantenía con la banda terrorista y porque sus autores fueron policías que seguían órdenes. Aseguró literalmente que el chivatazo fue una «acción de oportunidad y eficacia discutible pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas».

En otra ocasión, De Prada rechazó condenar a un joven que había realizado una pintada a favor de ETA descartando el delito de enaltecimiento de terrorismo porque se trataba de un «texto inacabado de contenido interpretable». En un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid afirmó incluso que las penas a etarras eran «altas y desproporcionadas».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo AVT le denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España «las torturas se han producido de forma clara».

Dichas acusaciones las realizaba en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, compartida con el abogado de ETA Íñigo Iruin, y bajo el título «Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria». «Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho», añadía.

Más recientemente, en el caso del golpe del 1-O de 2017 fue el único de los 5 magistrados de su Sección que se posicionó en contra de mantener la prisión provisional para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cutural, Jordi Cuixart.

Además, anuló la prisión de 4 de los CDR arrestados por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos. Respecto a uno de ellos, aseguró que no almacenaba explosivos, sino «sustancias» para fabricarlos.

(Gentileza de Libertad Digital)