Vaya toalla con Manuela Carmena: El TSJM anula el polémico Madrid Central (por cuarta vez ya) tras el recurso de empresarios de ocio por no incluir trámite de información pública

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de octubre de 2018, por el que se aprueba la Ordenanza de Movilidad Sostenible que alberga Madrid Central por no incluir el trámite de información pública.
Con esta sentencia, Madrid Central ha sido tumbada por la Justicia por cuarta vez. Y eso que había sido jueza.
En esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que ha anulado por un defecto de forma la zona de bajas emisiones de la capital de España que instauró la anterior alcaldesa Manuela Carmena.
Lo ha hecho en respuesta a un recurso del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM) a raíz del cual ha considerado nulo el artículo 23 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que se encuadra Madrid Central, por incumplimiento del proceso de información pública.
. El auto no entra a valorar los detalles de la ZBE, pero mantiene la misma línea que ya defendió el pasado 27 de julio, cuando estimó parcialmente los recursos de la Comunidad de Madrid, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta por defectos de forma en la Ordenanza.
Estas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción y de ello depende que se mantengan o anulen todas las multas impuestas desde su entrada en vigor. Ante esta última del TSJM también cabe recurso, para lo que se establece un plazo de 30 días.
Después de este nuevo revés judicial, Madrid Central aún tiene que someterse a la resolución de dos recursos más, en este caso presentados Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y Pyramid Consulting.
La no inclusión del trámite de información pública ha sido la única alegación admitida por el TSJM para anular la medida. Los empresarios del ocio habían alegado asimismo que la aplicación de las medidas impuestas por la Ordenanza afectan a miles de personas en sus desplazamientos desde otros municipios.




