El 28 de febrero, el gobierno de la región reclamó al Ministerio de Sanidad que tomase medidas urgentes, pero obtuvo un “no” por respuesta.

Una semana después, ante el aumento de casos, el gobierno autonómico anunció medidas restrictivas de la movilidad dentro de su marco de competencias, pero siguió a la espera de una decisión que solo llegó a mediados de marzo, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez pasó de negar la gravedad de la situación a confinar al conjunto de los ciudadanos y cerrar la actividad de numerosos sectores económicos.

Se ha estimado que el 80% de las muertes producidas en marzo y abril eran evitables. Habría bastado con decretar el confinamiento en el momento en que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió a Moncloa medidas contundentes contra la covid-19. Sin embargo, la incompetencia de Moncloa terminó convirtiendo a España en el país de la OCDE con la peor gestión sanitaria y económica de la pandemia.

Meses después, la situación epidemiológica de Madrid vuelve a copar los titulares de prensa. Sin embargo, esta vez hay una evidente desconexión entre el grado de alarma que traslada la mayoría de informaciones y el cuadro sanitario que presenta a fecha de hoy la región.

No en vano, los últimos datos de mortalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística (semanas 28 a 33 del año, las que transcurren entre el pasado 6 de julio y el pasado 16 de agosto) muestran que la región que gobierna Díaz Ayuso es la que presenta una mortalidad más baja durante la segunda oleada de casos de covid-19, solo por detrás de La Rioja.

En promedio, durante las últimas semanas se ha observado en España una tasa de mortalidad de 8,6 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la CAM vemos que este ratio se reduce a 1,01 personas, es decir, ocho veces menos del promedio nacional. De modo que los datos contradicen el relato de los medios sobre la situación madrileña.

De hecho, si lo que se pretende es leer las cifras en clave política, no está de más recordar que, entre las cuatro comunidades autónomas con mayor mortalidad durante la segunda oleada de coronavirus, tres de los gobiernos son del PSOE.

Es el caso de Extremadura (que presenta una mortalidad de 25,8 personas por cada 100.000 habitantes), Aragón (con un ratio de 16,6 decesos por cada 100.000 residentes) y Asturias (que se mueve en torno a 15,9 muertes por cada 100.000 ciudadanos).

La única comunidad gobernada por el PP que figura entre las cuatro con peores cifras es Castilla y León (mortalidad de 21,4 personas por cada 100.000 habitantes). Cataluña se sitúa claramente por debajo de la media, pero su ratio de 3,9 muertes por cada 100.000 residentes es casi cuatro veces mayor que los datos de Madrid. La Rioja es la única comunidad que mejora las cifras de la CAM.

(Gentileza de Libre Mercado)