El Gobierno de la Comunidad de Madrid «declara la guerra» a la okupación. Así se pronunció este domingo el consejero de Vivienda y Administración, David Pérez, cuando anunció que la región ha disminuido un 65 por ciento la okupación desde la puesta en marcha, el pasado octubre, de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda.

Ayer por la mañana, el consejero visitó una vivienda «bunkerizada» en el distrito madrileño de Tetuán, donde han instalado medidas de seguridad para evitar que sea okupada. Pérez comprobó el sistema de blindaje de puertas y ventanas, que se retira una vez la casa se entrega a la familia que le corresponde y que después se traslada a otros domicilios susceptibles de ser okupados.

La Comunidad destina 4 millones de euros a la seguridad, reparación y bunkerización del parque de la Agencia de Vivienda Social (AVS). En una de las más de 23.200 viviendas sociales, Pérez ha defendido la «tolerancia cero a la okupación» por su coste social, al impedir que las familias puedan habitar «la vivienda que les corresponde»; por el coste legal, ya que «se pisotea el derecho a la propiedad privada»; y por el coste económico que supone «reconstruir las viviendas desokupadas», que puede ascender hasta los 30.000 euros.

La Mesa de Vivienda y Ocupación, en la que también participa la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, trabaja para elaborar protocolos, interponer denuncias «contra las mafias» y solicitar cambios en la legislación para que las comunidades autónomas puedan luchar contra la okupación.