Agentes de la Policía Nacional han detenido a 32 personas como presuntos autores de un delito de falsificación documental en la obtención de permisos de residencia temporal, dos de ellas además como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras «una ardua operación» desarrollada durante más de un año, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Entre los arrestados se encontraban dos abogados de un despacho de Madrid encargados de facilitar los certificados falsos a cambio de una cantidad que oscilaba entre los trescientos y seiscientos cincuenta euros.

La documentación que de manera ilícita acreditaba una estancia continuada durante tres años procedía de envíos de dinero, de entidades bancarias o sanitarias y de la realización de cursos en una ONG y en una ficticia entidad religiosa. Los hechos se detectaron gracias a la estrecha labor llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Delegación de Gobierno, encargada de tramitar los permisos.

La investigación se inició cuando la Delegación de Gobierno sospechó de la autenticidad de dos solicitudes de residencia a nombre de dos ciudadanas extranjeras. Los solicitantes extranjeros para obtenerla tenían que acreditar tres años de estancia continuada en España junto con una oferta de trabajo, para lo que debían aportar documentos con los que corroborarlo. Una vez los agentes comprobaron que la documentación era falsa, detuvieron a estas dos mujeres, que manifestaron que habían contratado los servicios de dos abogados para estas gestiones.

A partir de este momento comenzó una investigación de las actividades vinculadas con estos profesionales. Se pudo comprobar que existían otros expedientes que habían tramitado para regularizar la situación de otros solicitantes con documentación falsificada.

Se pudo comprobar que no todos los numerosos cursos que figuraban en los expedientes habían sido realizados por los ciudadanos extranjeros. La presidenta de la ONG es detenida como presunta autora de un delito de falsedad documental ya que su firma aparece en los certificados presentados.

Otros documentos acreditativos de cursos geriátricos y de cuidados de mayores eran emitidos por una entidad religiosa que posteriormente se comprobó que tal congregación no existía y que la persona que firmaba los mismos tampoco.