La Comunidad de Madrid ha modificado la Ley de Suelo y ahora será tramitada en la Asamblea.

«La Ley permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios», han especificado el vicepresidente, Ignacio Aguado, y la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, el proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la pandemia, pretende favorecer a los Ayuntamiento de la región en cuanto al ahorro de tiempo y dinero.

«El plazo medio de adjudicación de licencias se encuentra entre doce y dieciocho meses y la demora en concesión de licencias supone unas pérdidas particulares de 12 millones de euros», ha apostillado la consejera. Además, favorecerá la inversión económica en la región y la «competitividad» con otros países que cuentan con plazos más reducidos.

«Es momento de generar confianza y hacer funcionar a las empresas en libertad para que Madrid siga siendo un motor económico y social», ha manifestado Martín. «Por ello, se suprimen las licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, excepto las estatales, y que serán sustituidas por declaraciones responsables para agilizar los plazos», ha continuado.

«Esta medida ayudará a impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente», han destacado desde el Ejecutivo regional.

También han hincapié en que es «necesario» reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas) «existentes en la actualidad y que están generando un coste añadido tanto al ciudadano, como al promotor y al ayuntamiento que las tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas».

Asimismo, se suprimirán las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasiona a los particulares una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje, como la reforma de una instalación eléctrica o el cambio de puertas y ventanas.

Así, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre dos y cuatro meses de trámites.

Esta modificación normativa se tramitará por el procedimiento de lectura única recogida en el reglamento de la Cámara regional, por lo que se prevé su aprobación en septiembre.