Ecologistas en Acción y vecinos de Pozuelo de Alarcón han presentado alegaciones oponiéndose a la construcción de más de 1000 viviendas en la Unidad de Ejecución Montegancedo, al suroeste del municipio.

El proyecto urbanístico supondrá la destrucción de restos de polvorines y edificaciones del ejército que datan de principios del siglo XX y que deberían protegerse según la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Se incrementará la presión sobre la dehesa de Monte Gancedo que rodea el nuevo barrio e incrementará la contaminación del aire debido al nuevo acceso directo previsto, desde la M-40.

Pozuelo de Alarcón, un municipio construido casi en su totalidad, necesita de grandes espacios de disfrute al aire libre. Los terrenos que se pretenden destruir para construir el enésimo desarrollo urbanístico, tienen más valor para la ciudadanía, como espacio natural y cultural.

La pasada semana finalizó el plazo para presentar alegaciones al Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento Remitido APR 2.6-02 “UE-2 Montegancedo” y Ecologistas en Acción y vecinos de Pozuelo han presentado alegaciones solicitando la paralización de la tramitación que daría lugar a la ejecución del proyecto.

Se trata de uno de los escasos enclaves que aún no se han urbanizado en el municipio. Buena parte del ámbito fue propiedad del Ministerio de Defensa hasta 2006, fecha en la que subastó los terrenos.

Los promotores del nuevo desarrollo son las compañías mercantiles SPV Reoco 1, S. L. y Promociones y Construcciones, PYC, Pryconsa, S. A., que forman parte de la denominada Asociación de Propietarios del Área de Planeamiento Remitido APR 2.6-02 UE-2 Montegancedo.

La actuación contempla la construcción de 1050 viviendas (900 colectivas y 150 unifamiliares), la construcción de un acceso directo desde la M-40 o el desvío de la vía pecuaria Vereda del Camino de Alcorcón.

En el ámbito se localiza la dehesa de Monte Gancedo, un bosque de encinas, alcornoques, coscojas, quejigos, pinos piñoneros y sabinas.

Este enclave tiene una gran importancia ecológica por su función de isla-refugio para la fauna y la flora, al tratarse de un espacio libre rodeado de viviendas e infraestructuras.

Este espacio también desempeña una importante función social, al servir de área de esparcimiento.

De hecho, en el anterior plan general de Pozuelo de Alarcón, este bosque y su entorno estuvieron protegidos y calificados como sistema general con ordenación de parque natural. Sin embargo, en 2002, con la aprobación del plan general vigente pasó a reclasificarse a suelo urbano. Pero esa circunstancia no ha variado el valor natural de los terrenos.

Sobre el valor cultural de los terrenos, aspecto que ha sido ignorado durante toda la tramitación, el grueso de las viviendas, se localizarían sobre los restos de los polvorines de Retamares y otras edificaciones militares.

Estos polvorines o depósitos de armamento, eran reservas de munición que se situaban alejadas de las poblaciones para evitar riesgos. El primero de ellos se construyó en 1912. Para proteger estos polvorines se construían otras edificaciones como puestos de vigilancia que aún perduran, fortines y casamatas. Estas construcciones jugaron un importante papel durante la Guerra Civil.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón no tiene Catálogo de bienes y espacios protegidos, a pesar de ser una obligación y uno de los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid para aprobar el plan general de ordenación urbana en 2002.

Por ello, es de aplicación la Disposición transitoria primera de la Ley Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que establece que quedarán sujetos al régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial las Fortificaciones de la Guerra Civil española. Es decir, el desarrollo previsto en la Unidad de Ejecución Montegancedo no puede desarrollarse porque supondría la destrucción de unos restos históricos protegidos por Ley.

Por estos motivos Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón la suspensión de la tramitación del proyecto de reparcelación.