El Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero ha publicado la licitación del servicio de atención telefónica 016 para mujeres víctimas de violencia de género. La empresa que quiera optar al contrato tiene un requisito llamativo: tiene que atender en 53 idiomas. Algunas lenguas son tan extrañas como el bambara, el soninké o el mandinca.

El Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género pide a las empresas que se postulan para gestionar el 016 que sus teleoperadores hablen también el poulaar, el hindi, el tamazight, el urdu o, entre otros, el wolof.

Así consta en los pliegos de contratación consultados por OKDIARIO.

Durante las 24 horas del día y los siete días de la semanas se deberán atender llamadas en castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano y búlgaro. Mientras que de de ocho de la mañana a seis de la tarde entre semana tendrán que dar servicio en otros 39 idiomas.

Algunas de estos se hablan en tribus remotas de África o regiones de la India. El soninké sólo lo hablan 2 millones de personas en Ghana o el mandinca lo practican 1,3 millones en Senegal.

La renovación de este servicio para víctimas de violencia machista esta en el punto de mira. El contrato actual termina en junio.

Por ello, los plazos para que no se dejara de atender llamadas llegaba y no se publicaba con tiempo el proceso de contratación que se extenderá varias semanas. Sin embargo, ahora que sí han sido difundidos las condiciones impuestas limitan sobremanera a muchas empresas el poder presentarse. No es fácil encontrar en España personas que manejen estos idiomas tan particulares.

El pasado cinco de marzo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, anunció otras novedades. Reconoció entre líneas que muchas mujeres maltratadas se quedaban fuera del 016. A partir de ahora sí se atenderán casos de violencia doméstica, sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, acoso laboral y trata con fines de explotación sexual. Ya no sólo la violencia dentro de la pareja o expareja.

Se trata de un servicio que cuesta 1,9 millones al año y tendrá, además de personal plurilingüe, más efectivos con «perfil de psicología». Otra novedad es que el Ministerio exige a la empresa que aplique el convenio de intervención y acción social y no el de call center. También premiarán a las empresas que tengan medidas de conciliación y contra el acoso y tienen la obligación de prestar servicio en unas únicas instalaciones que estén dentro del territorio nacional.