La enrevesada madeja del caso Villarejo ya tiene otro hilo listo para juzgar. El magistrado Manuel García-Castellón ha dado por concluida otra de las líneas de investigación abierta en esta enorme macrotrama de corrupción policial, política y empresarial: la bautizada como pieza Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca de Pozuelo de Alarcón, según informa El País.

Según consta en un nuevo auto fechado este 11 de mayo, el instructor de la Audiencia Nacional procesa, entre otros, al comisario jubilado José Manuel Villarejo por esta parte de la trama y a los promotores del complejo inmobiliario: Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver. El juez atribuye a los implicados los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Esta decisión de García-Castellón llega después de que la Fiscalía Anticorrupción, que también ha dado por finiquitada esta parte de las pesquisas, se lo solicitase el pasado 5 de mayo.

En esta parte de la investigación se señala que Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, junto a David Fernández Aumente (su jefe de Seguridad), contrataron a Villarejo para recabar información de forma irregular sobre el resto de herederos de Luis García Cereceda, expresidente de la promotora Procisa y muerto en 2010.

Según el juez, la hija del fallecido y su exsocio encargaron al comisario jubilado que espiara a Yolanda García-Cereceda, hermana de Susana; a su exmarido Jaime Ostos; al arquitecto Joaquín Torres; y a Silvia Gómez-Cuétara, viuda del empresario que levantó el grupo inmobiliario que generó la riqueza de la familia.

Obtuvieron así información de su vida privada. El objetivo era “conocer sus vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo” para divulgar después esa información y usarla “como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes”, explica el magistrado de la Audiencia Nacional en este último auto.

De hecho, el juez relata en su escrito cómo las pesquisas han permitido desvelar seguimientos a las víctimas —incluido, también, a la juez de Pozuelo de Alarcón encargada del procedimiento de división de la herencia—, registros de llamadas e informes sobre la vida privada de los espiados.

De todo ello, tenían conocimiento Susana García-Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández, según remacha García-Castellón en su investigación, donde describe alguno de sus encuentros con el comisario jubilado y donde apunta que los tres sabían de los métodos ilegales utilizados por el Grupo Cenyt, la red de empresas creada por Villarejo para cobrar este tipo de servicios.

De hecho, los investigadores destacan que el comisario jubilado utilizaba su condición de agente de la Policía Nacional para acceder a datos confidenciales y venderlos a cambio de cantidades millonarias.

“El precio de los servicios [prestados en Land] se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 euros en caso de rentabilización de los resultados.

De ellos, Procisa habría pagado la cantidad de 340.252 euros entre el 10 de julio de 2013 y el 12 de febrero de 2014 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios”, precisa también el magistrado de la Audiencia Nacional en su escrito de este 11 de mayo, donde añade que la promotora ya había contratado antes a Cenyt: en 2012 le abonó 21.830 euros por un informe sobre otras compañías con las que se encontraba enfrentada judicialmente.