La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido en la octava conferencia de presidentes autonómicos con el presidente de la nación, Pedro Sánchez, medidas de desescalada pactadas con las regiones, y en el caso de Madrid propone una mesa bilateral.

Cree que si se toman «medidas arbitrarias» a la hora de volver a poner en marcha la hostelería o la restauración, su Gobierno calcula que se puede llegar al final de año con «más de un millón de parados» en la Comunidad de Madrid, lo que «supondría disturbios, un problema de orden público y por supuesto social».

Díaz Ayuso ha exigido al presidente Sánchez qeu se pueda volver a las clases escolares al menos durante 15 días antes de que finalice el curso. Y cree que esto es especialmente importante para los alumnos de cuarto curso de ESO y segundo de Bachillerato, en cuyo caso la vuelta debería ser obligatoria y no voluntaria.

De hecho, advierte que «tal y como está planteada la fase dos de la desescalada», supondrá que «se queden 45.000 alumnos sin examinarse». Se refiere a los que necesitan examinarse igual que los de la EVAU pero no están contemplados ahora en esa fase dos: los mayores de edad que se examinan por libre de la ESO o el Bachillerato, los estudiantes que quieren ingresar en la FP de grado medio o superior, y los que quieren acceder a las enseñanzas artísticas o deportivas.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno Central que concrete cómo será ese fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Concretamente, quiere saber si será no reembolsable y adicional, y quiere además que sea «incondicional, porque cada comunidad autónoma tiene su régimen, sus impuestos y un presupuesto determinado».

Este fondo además se debe destinar a pagar gastos directos e indirectos del Covid-19. Por último, pide también que no computen los límites de déficit y de deuda autonómica, que es «lo que el Gobierno de España le pide a Europa a la hora de acceder a sus fondos».

Madrid prefiere acceder a los fondos acudiendo a los mercados, y no a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Recuerda que hasta ahora, el balance de lo recibido del Gobierno Central es, según sus cálculos, negativo: se han perdido 32,5 millones de euros, porque de lo que se ha recibido para Sanidad (52,8 millones), Servicios Sociales (38,8) y Vivienda (115,9) hay que restar los 140 millones en Políticas Activas de Empleo que «se nos han detraído, por lo que hemos perdido dinero».