Según recoge el informe de la Fundación FOESSA, 10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión en 2013, las personas en situación de exclusión social se han incrementado en un 12% y un 40% en la población que sufre exclusión social severa.

En ese mismo informe se apunta a que casi 800.000 hogares sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. Según Cáritas Española, más de 40.000 personas siguen estando en situación de SIN HOGAR en todo el territorio español.

La vivienda de alquiler social supone un instrumento residual en la política de vivienda. Aunque no se dispone de datos exactos, la mayoría de los estudios estiman que el parque social solo representa entre el 1% y el 2,5% del total de viviendas construidas.

En 2018 en España, se realizaron 59.671 desahucios. Un 62,5 % como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 31,7% de ejecuciones hipotecarias. El resto obedecieron a otras causas.

Desde Cáritas proponemos trabajar en:

Promover la creación de un parque de vivienda pública de alquiler social y facilitar el acceso a las personas en situación de mayor vulnerabilidad residencial.

Prevención de las situaciones de pérdida de vivienda: mayor protección de los hogares vulnerables en situaciones de desalojo, con una garantía de alojamiento alternativo, etc.

Sistema de garantía de ingresos mínimos y suficientes, de ámbito estatal, para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo que le facilite afrontarla y avanzar en procesos de inclusión.

Protocolos de actuación a las salidas de centros penitenciarios, altas hospitalarias, etc.

Trabajando desde la prevención, con políticas y acciones que aborden la garantía de ingresos  es posible conseguir el objetivo de que toda persona viva con dignidad, en un hogar propio y permanente.

¡¡¡NADIE SIN HOGAR!!!