La Comunidad de Madrid tendrá un plazo máximo de cuatro meses para darle el visto bueno definitivo a la operación Chamartín, aprobada este lunes provisionalmente por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de la capital, una vez que reciba el voluminoso expediente administrativo y lo analice. Así, el proyecto rebautizado como Madrid Nueva Nortetendría vía libre para su ejecución como muy tarde en noviembre.

No obstante, el último paso administrativo podría prorrogarse otros cuatro meses más si hubiera que «completar o subsanar alguna deficiencia», según explica una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

Será la Dirección General de Urbanismo adscrita a ella primero, la Comisión de Urbanismo después y finalmente el Consejo de Gobierno -podría hacerlo incluso aunque siguiera en funciones- quien valide el plan que permitirá la prolongación de la Castellana en una superficie de tres millones de metros cuadrados.

Madrid Nuevo Norte contará con 10.500 viviendas, el 24% con algún tipo de protección, además de oficinas -buena parte de las mismas ubicadas en tres nuevos rascacielos-, comercios y amplias zonas verdes. Si se cumple con el calendario previsto, las obras comenzarán a finales de 2020, se realizarán por fases y tardarán 24 años en estar completamente concluidas.

Para entonces, en la zona se habrán inaugurado tres nuevas paradas de Metro de la Línea 10 y una de Cercanías, que se suma a la ya existente en Fuencarral. Además, la estación de Chamartín se habrá transformado en el principal centro de la alta velocidad en España y en el nodo de transporte público más importante de la ciudad.

A todo esto está previsto que se incorpore una línea de bus prioritario de la EMT que recorra el nuevo barrio de norte a sur, que implicaría, por ejemplo, que se le diera paso preferente en los cruces regulados por semáforo.

Con estas medidas, a las que se suman amplias zonas verdes para caminar y circular en bicicleta, en Distrito Castellana Norte (DCN) -el consorcio formado por BBVA y la constructora San José que promueve el proyecto- confían en que el uso del vehículo privado suponga sólo el 20% de los 270.000 desplazamientos que se calcula que harán tanto sus 27.000 habitantes como los 94.000 trabajadores que acudirán a diario a la zona.