Hace dos años, cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar los contenedores de reciclaje por unos más modernos no tuvieron en cuenta que por su colocación o bien por su sistema de apertura podían ser inaccesibles para las personas con discapacidad. «Cuando nos llegaron las primeras quejas en aquella época a nuestro gabinete de accesibilidad universal, pedimos una reunión con el responsable del Área de Medio Ambiente», explica a LA RAZÓN Javier Font, presidente de Famma-Cocemfe (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid).

A medida que les fueron llegando diferentes denuncias, y antes de reunirse con el Consistorio, «nuestro equipo de arquitectura accesible realizó un estudio de la situación» y comprobaron que, efectivamente, una persona en silla de ruedas tiene muy difícil poder acceder a los contenedores de reciclaje. «Les llevamos nuestro informe y no nos hicieron ni caso. Descubrimos que tienen un desconocimiento total de la normativa vigente. No saben que tienen obligación de que todos los bienes urbanos sean accesibles. No nos dieron ninguna solución», explica Font.

Con esta negativa, el presidente de esta federación decidió remitir el informe, junto con sus fotos, al Defensor del Pueblo, para que intercediera por ellos ante el Ejecutivo de Carmena. Y este organismo ha dado la razón a los afectados. «El Ayuntamiento les ha reconocido que tienen que colocar más de 600 plataformas (similares a las que hay situadas en algunas paradas de autobús) de hormigón para que las personas con discapacidad puedan acceder a los contenedores», sostiene el presidente.

En la carta a la que ha tenido acceso este diario, el Defensor del Pueblo recomienda al Ayuntamiento que «planifique la adquisición de mobiliario urbano teniendo en cuenta la accesibilidad universal respecto al diseño del producto, la ubicación del mismo, la dotación y su conservación, el mantenimiento y las posibilidades de reparación», ya que el Consistorio argumenta que los contenedores adquiridos cuentan con «certificado de accesibilidad del producto», pero «si se instala en determinado lugar o de una determinada forma, dificulta o impide su utilización a personas con problemas de movilidad», sostiene el Defensor del Pueblo.

Lo cierto es que, por la colocación de los coches aparcados en batería, los contenedores no se ajustan a las aceras y, por lo tanto, no son accesibles. «No pedimos que creen una rampa para cada acceso, si no que hubieran valorado este problema antes de adquirir estos elementos», sostiene Font. Pero no es sólo su ubicación, sino que «para poder abrirlos debemos accionar la palanca con un pedal, una fórmula que para los que nos movemos en silla de ruedas es imposible. Además, el otro mecanismo de activación está tan elevado que no lo alcanzamos», añade.