El partido más perjudicado por la Ley D’Hondt en las pasadas elecciones fue Vox (cada escaño, más de 110.000 votos), mientras que Revilla apenas necesitó 50.000 sufragios
Dice la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero no así ante la llamada Ley D’Hondt, un sistema que provoca un reparto desigual de los votos, no teniendo el mismo valor lo que elija un ciudadano de Soria, que de Barcelona, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.
Según lo deparado en las urnas en la noche del 28 de abril de 2019, la media de votos que necesitó cada partido para obtener un escaño se cifró en 71.483 sufragios. Pero fuera de las matemáticas, la realidad marcó que no todas las formaciones tuvieron que alcanzar esa media.
Unos tuvieron que irse por encima de los 110.000 votos, como el partido de Santiago Abascal y otros, como el Partido Regionalista de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, apenas necesitó sobrepasar los 50.000 sobres en las urnas para sumar un acta parlamentaria.
Los grandes partidos nacionales y tradicionales, PSOE y PP, precisaron una cantidad de votos por escaño inferior a esa media, concretamente 60.819 y 66.001, respectivamente. Ciudadanos se elevó por encima de la media, con 72.571 y Podemos mucho más con casi 90.000, 88.879 concretamente.
Este sistema de reparto de escaños también favoreció a los partidos nacionalistas, a los que van solo por una circunscripción electoral. Así Bildu solo requirió 64.711 votos por cada uno de sus cuatro diputados, el PNV 65.771 para cada una de su media docena de actas o los 67.691 que precisaron cada. Uno de los 15 miembros electos para la Cámara Baja pertenecientes a Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Cómo podría darse la vuelta a esta situación? Albert Rivera, líder de Ciudadanos, sugirió que los partidos que obtuvieran menos de un 3% de los votos sobre el total nacional no entrarían al reparto de escaños. Con esta propuesta, y usando como ejemplo las últimas elecciones, el Congreso de los Diputados quedaría reducido a seis partidos frente a los trece que han obtenido representación.
Es decir, solo entrarían PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos (sin su confluencia catalana), Vox y ERC. Quedarían fuera formaciones como JxCat, PNV, Bildu, Coalición Canaria, Na+, Compromis o PRC, que no llegan en algunos casos ni al 1% del total.