El Jurado Popular de la Audiencia Provincial seleccionado para el juicio del espionaje político a exaltos cargos del PP de Madrid ha declarado hoy la inocencia de los seis acusados por un delito de malversación de caudales públicos.

En la lectura del veredicto, el portavoz del tribunal del jurado ha declarado no culpables de los hechos delictivos sobre los que fueron acusados al exdirector de Seguridad Sergio Gamón; a Miguel Castaño, a José Oreja, a José Antonio Coronado y a José Manuel Pinto. Todos han sido considerados inocentes por unanimidad del jurado menos Gamón y Castaño, que ha sido por mayoría.

Con el veredicto, se pone fin a un procedimiento judicial que nunca ha llegado a «la verdad», según varios de los acusados. Pese a la retirada de los «seguidos», Alfredo Prada y Manuel Cobo, el juicio siguió adelante con las acusaciones del PSOE y de la Comunidad de Madrid, en cuyas conclusiones afirmaron que los hechos habían quedado acreditados con la práctica de la prueba en la vista oral.

En su alegato final, cuatro de los acusados atribuyeron la acusación a «un sucio montaje político, periodístico y policial» en el que han sido «víctimas de la corrupción política» y «del sistema» al ser vendidos como «carnaza» para «ocultar la verdad» que hay detrás de «detectives» que habrían sido contratos por «los dos grandes partidos políticos».

El abogado defensor Javier Vasallo presentará una querella contra los investigadores de la Udef que llevaron el atestado y contra el exfiscal Manuel Moix a raíz de las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, quien admitió que se prevaricó en la investigación policial.

En su comparecencia final, José Oreja, Antonio Coronado, José Manuel Pinto y Luis Caro Vinagre denunciaron que la acusación está relacionada con « el bosque oscuro de la corrupción» implicando a los excomisarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que instruyeron el atestado y el exfiscal jefe Manuel Moix.

Ayer, el PSOE y la Comunidad de Madrid mantuvieron su acusación al considerar que hay pruebas que acreditan los hechos producidos los meses previos al Congreso Nacional que celebró el PP en Valencia en junio de 2008. En cambio, la representante del Ministerio Fiscal reclamó la absolución de los seis acusados al afirmar que toda la causa se ha basado en unas informaciones periodísticas que no valen como carga probatoria.