El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves el nuevo reglamento consensuado por los cuatro grupos parlamentarios, que contempla el voto telemático y permite a los ciudadanos trasladar preguntas al Gobierno regional en las comisiones. Este voto a distancia, para casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave «debidamente acreditada» de un diputado, podrá aplicarse a partir del 1 de marzo, al igual que los nuevos tiempos de intervención en el pleno de la Asamblea.

En un principio el voto telemático será más bien un voto por anticipado, ya que la Asamblea todavía no está adaptada tecnológicamente para que los diputados voten desde casa de forma simultánea a un pleno. Para ello, los diputados que vayan a ausentarse tendrán que comunicar por adelantado el sentido de su voto a la Mesa de la Asamblea.

El resto de los cambios del nuevo reglamento (que sustituye al de aplicación hasta ahora, de 1997) entrarán en vigor el 1 de abril.

El diputado del PP Alfonso Serrano ha calificado este texto como «la medida de regeneración más importante aprobada en los últimos años en esta Cámara».

Desde el PSOE-M, el diputado Agustín Vinagre ha destacado el «trabajo y esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, del cuerpo de letrados y el resto de trabajadores» del Parlamento.

El diputado de Podemos Jacinto Morano ha comentado que los grupos «han tenido que hacer cesiones» en la tramitación para poder tener «un reglamento más fuerte y más funcional».

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Marbán ha manifestado su satisfacción por «poder tener un Parlamento más ágil y más cercano a los ciudadanos».

Entre las novedades destaca la posibilidad de que los residentes en la Comunidad de Madrid, así como cualquier entidad inscrita en la región, trasladen preguntas a los miembros del Gobierno regional por medio del registro o de la página web de la Asamblea.

Tras la calificación de las preguntas por parte de la Mesa de la Asamblea, la denominada comisión de Participación (de nueva creación) las ajustará técnicamente si fuera necesario y las publicará en un apartado de la web.

Si algún grupo parlamentario decide asumir como propia alguna pregunta la formulará por medio de un diputado en la comisión correspondiente, a la que podrá asistir como invitado el ciudadano autor de la misma.

Los madrileños también podrán presentar «propuestas ciudadanas» para su posterior debate y votación en pleno o comisión en forma de proposición no de ley, una iniciativa que seguirá el mismo procedimiento que las preguntas.

Por otro lado, el nuevo reglamento prevé sancionar con una reducción del salario a los diputados que no asistan en el mismo periodo de sesiones en tres ocasiones consecutivas o cinco no consecutivas a las reuniones del pleno, de las comisiones o de cualquier otro órgano de la Cámara «sin justificación».

El nuevo reglamento (el tercero de la historia de la Asamblea y que tiene 250 artículos, cinco más que el anterior) obliga a publicar en la web de la Asamblea la declaración de bienes de los diputados, algo que hasta ahora se hacía por acuerdo de la Junta de Portavoces.

Las actas de los órganos de la Asamblea serán públicas y accesibles a través de la página web del Parlamento.

Además, el texto introduce la posibilidad de rebatir durante un tiempo máximo de dos minutos «hechos concretos o datos objetivos» expuestos en el debate pero sólo en las iniciativas largas, como una proposición de ley. Se podrá hacer una vez por pleno y por grupo, y sólo en el momento del debate.

Las preguntas orales en pleno podrán registrarse con 24 horas de antelación en vez de con casi una semana de antelación, como ocurre ahora, y las intervenciones en los debates tanto en el pleno como en las comisiones podrán ser más frecuentes pero en general más cortas.

El nuevo reglamento abre la posibilidad de comparecencia en pleno del presidente de la Comunidad a petición propia para informar sobre la designación o ceses de vicepresidentes o consejeros y para dar cuenta de los resultados de la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Para crear una comisión de investigación será necesaria la mayoría de los votos del pleno después de que haya sido solicitada por dos grupos o un quinto de los diputados.

Otra novedad afecta a las proposiciones y proyectos de ley, que deberán contar con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para evaluar su corrección técnica.