La alcaldesa de Pozuelo Susana Pérez Quislant ha contestado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido que «no se puede acusar a los ayuntamientos de «señalar y marcar» a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) cuando lo que no se cumple es la legalidad, según un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento».

La primera edil se ha referido a las advertencias del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que trasladó a alcaldes de todo color político, incluidos los del PP, que si vuelven a «señalar y marcar» a menores extranjeros no acompañados elevará un escrito a la Fiscalía de Menores poniéndolo en su conocimiento.

No se puede acusar a los ayuntamientos de señalar y marcar a los MENAS cuando en Pozuelo lo que no se cumple es la legalidad», ha señalado Pérez Quislant, en declaraciones a los medios de comunicación.

La alcaldesa ha recordado que los menores «tienen que estar en centros que garanticen sus buenas condiciones» y «no en viviendas que no permiten ese uso, incumpliendo las normativas locales urbanísticas».

«No vamos a consentir que se nos acuse de criminalizar o estigmatizar a los menores ni se trate de desviar la atención cuando lo que tenía que haber hecho la Comunidad de Madrid es dirigirse al Ayuntamiento para buscar un sitio adecuado. No es un problema de ciudad o municipio, sino de que el lugar cumpla con los usos que establece la normativa municipal», ha afirmado.

La primer edil ha pedido que «no se haga demagogia» con un tema «absolutamente objetivo». «En esa vivienda no podría ubicarse una residencia de personas mayores, ni para personas con discapacidad… no tiene nada que ver con los menores ni mucho menos con los colores políticos. Tiene que ver con cumplir la normativa municipal que garantiza, entre otras cosas, que los chicos estén en un lugar adecuado. Pozuelo ha dado sobrado ejemplo de su sensibilidad hacia el tema y hacia la necesidad de los recursos necesarios», ha subrayado.

Pérez Quislant ha insistido en que este centro «tendría que haber contado» con una autorización municipal previa, «tal y como exige la propia normativa regional». «Antes de realizar determinadas advertencias, los responsables públicos debemos exigir que se cumpla la legalidad», ha concluido.

Ayer mismo, se comunicó oficialmente a la ONG que gestiona el centro de los MENAS en la Colonia de Los Ángeles el cese de su actividad.

Se espera con cierto morbo el movimiento que hará ahora Garrido.