El Gobierno de Manuela Carmena abre hoy la Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas en la Plaza de la Villa. Sólo franquistas.

Esta nueva dependencia, que gestionará Mauricio Valiente, prevé la recogida de testimonios de personas o de familiares directos que sufrieron la violación de sus derechos humanos durante la dictadura en Madrid.

Con todos esos relatos, el Ayuntamiento elaborará un censo de víctimas que servirán, por un lado, como parte del material probatorio de acciones judiciales que se puedan llevar a cabo, así como para la creación del archivo de entrevistas audiovisuales que constituyan la memoria de la ciudad.

La puesta en marcha de esta oficina parte del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 31 de octubre de 2017 (con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y los votos en contra de PP y Ciudadanos) a través del cual el Ayuntamiento se compromete «a acompañar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante la Administración de Justicia para determinar responsabilidades en los crímenes perpetrados» en dicha época.

El Consistorio no se personará como acusación, sino que sólo llevará a cabo una declaración de apoyo simbólico. «Queremos facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la víctimas», como explican fuentes municipales.

La Corporación sí valorará interponer una denuncia general con todos los relatos que recopile y que estén respaldados por «un mínimo material probatorio».

Tal y como recoge el acuerdo plenario, lo que se busca es que la Justicia llegue a investigar «los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista que afectaron a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid; se determinen las circunstancias en las que fueron perpetrados; quiénes fueron sus responsables directos e indirectos y, en su caso, que se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena».

Subrayan desde el Consistorio que cualquiera de las declaraciones que se archiven no implicarán que sean hechos reales. «Lo fundamental es dar la posibilidad de que las personas que sufrieron vulneración de derechos humanos durante la dictadura tengan un espacio donde puedan prestar su testimonio. Buscamos la reparación a través de la acogida institucional, no la guerra. Lo más importante será el archivo de los testimonios», remarcan desde el Ayuntamiento.

No se puede tener más desvergüenza.