Decenas de miles de madrileños que atraviesen una mala situación económica y sean considerados consumidores vulnerables severos no tendrán que pagar sus facturas de luz y gas: éstas las abonarán al 50 por ciento los ayuntamientos –con ayudas otorgadas por la Comunidad de Madrid– y las compañías suministradoras.

Este tipo de ayudas ya se daban en años anteriores, pero ahora la consejería de Políticas Sociales y Familias, que dirige Lola Moreno, en lugar de dar directamente el dinero al beneficiario, lo entregará a los ayuntamientos, que serán quienes informen de a quiénes deben aplicarse.

Lola Moreno cree que el nuevo sistema permitirá «agilizar la gestión de estas ayudas y llegar a un mayor número de perceptores». Concretamente, calcula que serán «unas 35.000 personas las que se beneficien».

En los años 2016 y 2017, el Gobierno regional utilizó un sistema de convocatoria de ayudas que se concedían directamente a las personas con dificultades. Para recibirla, había que cumplir unos requisitos: no tener ningún ingreso, salvo que los servicios municipales justifiquen que éstos no son suficientes para el pago de los recibos; solicitar la ayuda para la vivienda de residencia habitual; tener al menos un impago de estos suministros y no superar los límites de potencia y consumo.

Pero el sistema resultaba complicado de aplicar; reconocen en la consejería de Políticas Sociales que los porcentajes de ejecución de estas ayudas fueron muy bajos: del millón de euros de que se disponía en 2016, sólo se gastaron 224.000 euros, y en 2017, apenas se superaron los 200.800.

De ahí que le hayan dado una vuelta a la fórmula, cambiándola para hacerla más operativa. De paso, ajustan la normativa regional a la nacional: el Real Decreto y la Orden de 2017 que regulan la figura del consumidor vulnerable. Éste no tendrá que abonar las facturas siempre que los servicios sociales del ayuntamiento emita un informe favorable para que se le considere como tal.

La administración que informe que una persona debe ser considerada consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social debe pagar el 50 por ciento de la factura de luz o gas, y del resto se hará cargo la suministradora.

Para que los ayuntamientos puedan pagar su parte, la Comunidad de Madrid destinará dos millones de euros para ellos, repartidos de forma proporcional al número de personas afectadas. La capital recibirá 1,1 millones.