La Fiscalía Provincial de Madrid considera que el cambio de notas del expediente de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) fue una «irregularidad administrativa» carente de cualquier reproche penal.

El Ministerio Público se refiere así en el escrito de impugnación al recurso de reforma de la URJC contra el archivo parcial para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, que el pasado viernes la magistrada Carmen Rodríguez Medel desestimó con el aval previo de la Fiscalía, como así manifestó en este informe.

Al no ver delito en la actuación de los alumnos y profesores, el fiscal, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, se pronuncia brevemente sobre los hechos relacionados con Cifuentes, que sigue investigada por el delito de falsedad documental.

En concreto, lo hace al avalar el archivo respecto de la funcionaria Amalia Calonge, que modificó la nota de una asignatura del máster de Cifuentes debido a un error en su expediente tras ser avisada por el profesor Pablo Chico de la Cámara.

El fiscal considera que dado que el profesor comprobó el mérito académico de Cifuentes y ordenó en consecuencia la rectificación de la nota, «únicamente podría imputársele» a la funcionaria «una irregularidad en el ámbito administrativo, al haber llevado a cabo una modificación que ya no le correspondía». Pero -precisa- «no puede imputársele ninguna de las conductas previstas en nuestro código penal».

El fiscal considera también que no son los alumnos sino el Instituto de Derecho Público de la URJC y su entonces máximo responsable, Enrique Álvarez Conde, los que tienen que aclarar por qué a «aquellos alumnos que manifestaron no haber hecho absolutamente nada» se les calificó. «Los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster», añade el Ministerio Público.

Ahora bien, el fiscal cree que no existió un concierto previo entre Conde y los profesores para aprobar a determinados alumnos pese a la ausencia absoluta de actividad académica, una actuación que ve, en todo caso, como un error administrativo sin reproche penal.