La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la Ley de Víctimas del Terrorismo, que incluye medidas económicas y sociales con carácter retroactivo para las personas residentes en la región que hayan sufrido algún atentado dentro o fuera de ella.

Cuando entre en vigor podrán ser indemnizadas por fallecimiento, daños físicos o secuelas psíquicas con ayudas equivalentes al 30% de las que concede el Estado en este supuesto.

Según señalan en el Gobierno de Ángel Garrido, con la aprobación de este texto -con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos- la Comunidad será «un referente y un modelo de solidaridad y justicia» y, de hecho, confían en que otras administraciones autonómicas sigan sus pasos. Los ‘populares’ cumplen además con uno de los compromisos del programa electoral con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

La principal novedad de la norma tras pasar por el tamiz de la tramitación parlamentaria ha sido la flexibilización del requisito del empadronamiento en Madrid el momento del atentado para poder optar a las ayudas. En la versión definitiva esta condición podrá sustituirse por la de que el afectado pueda acreditar que había residido dos tercios de su vida en algún municipio de la región aunque en el momento de la acción terrorista ya no lo hiciera.

La ley tendrá carácter retroactivo hasta 1960 cubrir a las víctimas de ETA, del Grapo y del 11-M. En el Ejecutivo autonómico estiman que podrían ser beneficiarios hasta 2.793 afectados (574 de ellos fallecidos) y se analizarán todas las solicitudes para comprobar si cumplen los requisitos, según precisa el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo.

La aplicación de la norma, cuya dotación económica está por definir, supondrá también la inclusión en Primaria, ESO y Bachillerato de contenidos sobre terrorismo y se creará un centro interactivo para la memoria de los afectados.