El PP arranca hoy una de sus semanas más difíciles de la Legislatura. Una dificultad provocada por la obcecación y la falta de humildad de un Gobierno que en su recta final aun no ha aprendido a escuchar. Seguramente uno de los pecados que más caro se paga en política y particularmente en la política municipal.

La imputación de diez cargos públicos del PP demuestra la gravedad y la dimensión de los problemas que hemos denunciado en relación a la depuradora de Pozuelo. Demuestra también que existe una línea de continuidad entre los gobiernos de Sepúlveda, Aguado, Adrados y Quislant, por más que la actual Alcaldesa haya pretendido levantar una estéril cortina de humo para difuminar esta circunstancia. Todos son igualmente responsables del devenir de una depuradora ilegal, que han intentado blanquear en múltiples ocasiones por motivos aparentemente inconfesables.

Recuerdo con profundo pesar aquellos días en los que el Concejal de Medio Ambiente, Eduardo Oria, negaba la mayor insinuando que los olores procedentes de la depuradora era poco menos que alucinaciones de los vecinos. Recuerdo con nitidez las risas arrogantes de la bancada del PP, alentadas desde la Presidencia del Pleno, cuando desde Somos Pozuelo les pedimos en numerosas ocasiones la adopción de medidas urgentes ante el crimen ambiental que se estaba perpetrando sobre el Arroyo Antequina y la Casa de Campo. Esa mirada altiva ha sido la condena, en términos políticos, del Gobierno de Quislant.

El martes y el miércoles declararán ante la Jueza y el jueves tendremos la ocasión de volver a debatir en el Pleno, el lugar idóneo para llegar a un acuerdo que obligue al gobierno a volver a la senda del cumplimiento de la Ley. La propuesta que llevamos es tan elemental que un voto en contra del PP lo sería en contra de una obligación legal como es el cumplimiento del Plan General. Pretendemos con ello poner a un lado todos los elementos discursivos, interpretables y partidistas, para centrarnos en lo sustancial. La pregunta que debemos responder Gobierno y oposición es bien sencilla: ¿Queremos cumplir con el Plan General? ¿Queremos que el Gobierno cumpla con sus obligaciones? Nuestra respuesta es claramente afirmativa y por eso pedimos el cierre de una depuradora que ha estado vertiendo sin autorización, que está saturada y cuya historia es una suma de despropósitos e ilegalidades de toda índole.

Nos habría gustado no haber tenido que llegar a este punto. Habría sido mejor que el Gobierno hubiera entendido que debía poner punto y final a esta depuradora y no perpetuar la comisión del presunto delito medioambiental. Ello no habría impedido el inicio de la investigación porque comprende un periodo de tiempo mayor pero sí habría sido una forma eficaz de eximir de responsabilidades al actual Gobierno. No lo quisieron así por miopía política, por pereza o porque pudiera haber favores inexplicables que hubiera que pagar, pero la realidad es que han sido ellos los que han se han metido en este atolladero del que no van a poder salir sin una rectificación. El jueves tienen la oportunidad de hacerlo en el Pleno.

Por nuestra parte, desde Somos Pozuelo entendemos que estamos cumpliendo con uno de nuestros compromisos más importantes: hacer oposición dentro y fuera del Ayuntamiento, alcanzando acuerdos cuando sea posible y denunciando hasta el final las decisiones arbitrarias que perjudican los derechos de nuestros vecinos. Nosotros no cedemos a las presiones del mal Gobierno ni titubeamos cuando tenemos que dar un paso al frente. Por eso representamos la acusación popular en este caso y por eso vamos a seguir luchando sin descanso para que quienes han llevado a Pozuelo hasta esta situación salgan del Gobierno.

Pablo G. Perpinyà Portavoz de Somos Pozuelo