José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que representa a 70 empresas de distintos sectores en España) denuncia que la venta ilegal, que «llevamos más de 20 años denunciando, ahora, con el Gobierno de Ahora Madrid, percibimos que se ha incrementado»,

Es más, aunque desde esta entidad insiste en la dificultad de calcular las pérdidas que ocasionan las ventas ilegales, los últimos datos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), reflejan que el mercado de las falsificaciones le ha costado a nuestro país 40.131 puestos de trabajo y ha perdido 6.175 millones de euros.

«Calculamos que el 20 o 25 por ciento de estas pérdidas corresponden a Madrid», sostiene el portavoz. Así, los productos falsificados que se venden en la capital representarían más de mil millones de pérdidas.

Hace poco más de un mes –concretamente el 3 de julio– Moreno se reunió con la alcaldesa Manuela Carmena para solicitar que el Consistorio cumpliera con la ordenanza y «ella sólo lanzó balones fuera». «Insistimos en que no es un problema nuevo, pero ahora la tolerancia es mayor, ya que existe una ausencia total de políticas y de cumplimiento de la normativa. No sabemos a qué esperan», subraya Moreno.

Esta asociación también se reunió con Javier Barbero, delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, y «sólo nos insistió en que la solución era la tarjeta de vecindad, que así podrán ser ciudadanos visibles y buscar trabajo. Pero el problema es tan grande que ya es inmanejable», sostiene el director general de Andema.

Y es que no sólo les preocupan las pérdidas del sector, «también se está generando un importante problema de seguridad, ya que estos vendedores crean una muralla en las puertas de los comercios y, si se diera una situación de emergencia, de una evacuación rápida, chocarían con ellos y sería un caos», apunta el mismo portavoz. Insisten en que la permisividad del Ejecutivo de Ahora Madrid ante esta situación, «promueve el efecto llamada y creemos que el número de manteros puede llegar a multiplicarse por tres».

La única solución que tienen actualmente estos empresarios es la vía judicial, «es la única forma de intentar que no crezca».