La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Jefatura Superior de Madrid, con la ayuda de la Policía Municipal, ha desbaratado una de las principales mafias búlgaras dedicadas a la prostitución y a los robos.

La operación Rocío se ha saldado con 42 detenidos (había 74 investigados), de los que once han ingresado en prisión, entre ellos los presuntos cabecillas: Metodi Borisov Mladenov y su mujer, Roza Terzieva. Ambos residían en Carabanchel con sus tres hijos, en una vivienda «okupada» de la calle de Ayamonte.

Sin oficio ni beneficio aparentes, habían gozado de ayudas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, hasta el punto de que cada uno cobró la renta mínima de inserción, al estar oficialmente (no de hecho) divorciados y lo más increíble es que les faltaba un solo trámite para que les dieran un piso oficial en Pozuelo de Alarcón mientras movían millones de euros.

La investigación arrancó en abril de 2017, cuando una chica se presentó en la Unidad Integral de Carabanchel de la Policía Municipal para denunciar. Luego, se convertiría en una de las cuatro testigos protegidas del caso.

Al oír su relato, los agentes locales dieron parte a la Ucrif. La muchacha explicó que eran decenas de chicas las explotadas.

La Policía Nacional, además de las 30 adultas, tenía identificadas a 16 menores, la más pequeña de 12 años, a las que sus padres vendían a las mafias búlgaras por entre 20.000 y 30.000 euros, dependiendo de su habilidad para el robo. A cambio, las «casaban» con miembros del clan.