La ex diputada de la CUP pidió ayuda públicamente para encontrar un trabajo en Suiza con el que poder mantenerse, ya que su situación económica empieza a ser crítica. Eso sí, no desveló que el piso de alquiler en el que vive está situado en una de las zonas más caras de Ginebra, donde los precios oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros al mes.

Lo ha desvelado Ignasi Guardans, abogado y ex diputado autonómico del Parlamento catalán por CiU. Según el letrado, Anna Gabriel no está en una situación tan crítica como quiere hacer ver: «Un apartamento en Ginebra de 80 metros cuadrados son unos 5.000 euros al mes, en la zona donde vive Anna Gabriel pueden llegar a los 10.000», ha afirmado en el programa Espejo Público.

Hace ya un mes que la ex diputada de la CUP, que huyó a Suiza tras ser convocada por el Tribunal Supremo, lanzó una petición de ayuda a través de un vídeo en el que afirmaba que no encontraba trabajo como profesora (aunque no se plantea buscar un empleo por debajo de su cualificación) y que su situación económica empezaba a ser preocupante: «Es duro y doloroso, lo digo para la gente que cree que estoy pasando unas vacaciones».

Al parecer, el pueblo en el que nació, Sallent de Llobregat, organizó el pasado mes de febrero un concierto a beneficio de Anna Gabriel, para el que recaudaron 6.000 euros, pero estos ya se han agotado y la ex diputada está al límite: «Si no tiene trabajo en Suiza y no puede demostrar que se puede mantener, no se puede quedar», ha desvelado Daniel Ordás, un abogado afincado en Ginebra. «Si quiere seguir huyendo puede irse a América Latina, no es por darle ideas pero si quiere podría seguir esa ruta», ha apuntado Ignasi Guardans.

El último mazazo para Anna Gabriel ha sido el rechazo por parte del gobierno suizo a concederle el asilo político. El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, considera que el país «no puede entrar en materia» ante una eventual petición de asilo por parte de dos políticas independentistas huidas a Ginebra (también se refiere a Marta Rovira) y que están requeridas por la Justicia española, porque «no se dan las condiciones».