Estas son algunas de las preguntas que me gustaría hacer, en una hipotética entrevista, a la alcaldesa de Pozuelo Susana Pérez Quislant.

Posiblemente, algunas sean muy sencillas de contestar pero también las preguntas sencillas forman parte de una entrevista, no todas deben ir directas a la yugular…

Veamos, alcaldesa:

¿Cuáles son los requisitos para recibir una vivienda de protección pública en Pozuelo?

¿Cada cuánto se comprueban dichos requisitos? ¿Cada año, casa seis meses, cada legislatura?

¿De quién es la obligación de comprobar esos requisitos y de actualizarla?

¿Ha habido alguna dejación de funciones por parte de ese supervisor o ha habido algún fallo administrativo?

¿Si lo ha habido (que lo ha habido) de quién era la responsabilidad?

¿Cuáles son las responsabilidades legales de este embrollo? Porque alguna carga llevará por la dejación, ¿no?

¿Puede un cargo público, que cobra un sueldo cercano a los 70.000€ inscribirse en esa lista y, al final, habitar en una vivienda social de esa misma administración?

¿Es legal? Legal de pena de Código Penal?

¿Puede un cargo público estar inscrito en un sorteo de vivienda pública en la misma administración donde ejercer? Es decir, ¿Es legal que Pozuelo pague un salario y una casa de protección social a un concejal en el Gobierno?

Hay rumores de mamoneo en algunos sorteos habidos en los que casualmente les tocó a personas relacionadas con la Administración local de Pozuelo… ¿Tiene algo qué decir?

¿Fueron sorteos públicos con fedatario?

¿Son públicas las actas? Y si no lo son ¿por qué?

¿Puede un receptor de una vivienda pública, seguir inscrito años después de haber recibido una por sorteo?

(Si quiere, alcaldesa, las puede contestar por escrito)

Juan Manuel Sánchez