Lo que se ha producido en Cataluña no ha sido un referéndum, sino una farsa. No ha habido ningún tipo de garantía. Cada uno ha votado donde quería y cuantas veces quería con papeletas hechas por los mismos votantes. El propio gobierno de la Generalidad cambió las normas de la consulta unos minutos antes de que se iniciara la jornada electoral.

A eso hay que añadir la pasividad de los Mossos que no han cumplido con el mandato judicial, hecho que ha envalentonado a los antisistemas y violentos.

Es inaudito que algunos jefes de los Mossos hayan incumplido esa orden de los jueces, complicando el operativo de seguridad y, por tanto, haciendo posible mayor virulencia en las concentraciones ciudadanas.

La Fiscalía está obligada a actuar contra los responsables de esta actitud pasiva de los Mossos.

El problema más grave, en cualquier caso, ha estado en la batalla de la imagen. La Generalidad ha logrado en parte lo que quería: si no había referéndum, tenía que haber represión y se dedicó a calentar la calle.

Ningún Estado democrático serio puede permitir la vulneración de la ley y de las resoluciones judiciales. No lo haría ni Reino Unido, ni Francia, ni Estados Unidos. Tampoco debe hacerlo España, porque lo que está en juego también es su credibilidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar con tiento, pero, hasta ahora, ninguna policía del mundo puede darle lecciones de cómo actuar ante una situación tan complicada.

La defensa de la democracia nos atañe a todos. A veces no es fácil. Hay que asumir riesgos y compromisos. Pero la legitimidad y la ley, en este caso, están del lado del gobierno. Y debe hacerla cumplir.

El Capitán Possuelo