La Justicia ha decretado la suspensión cautelar de la retirada de la calle dedicada a Millán Astray en Madrid. Lo hace a petición de la plataforma que lleva el nombre del fundador de la Legión para evitar los «graves perjuicios» que generaría una resolución contraria al acuerdo de la Junta de Gobierno que dirige Manuela Carmena para aplicar la Ley de Memoria Histórica en la ciudad, aprobado el pasado 4 de mayo.

A la espera de que se resuelva el fondo del asunto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 obliga al Ayuntamiento de la capital a no ejecutar la sustitución del nombre de la citada vía pública por el de Maestra Justa Freire. Esta resolución no se hará extensiva a las otras 51 calles, plazas y travesías afectadas incluidas en el proceso de retirada de vestigios franquistas de la ciudad pese a haber sido solicitado también por los recurrentes.

El auto judicial, fechado el 1 de agosto, no se considera como un argumento válido que la paralización cautelar de la eliminación de General Millán Astray del callejero pueda provocar «una grave disfunción» en el funcionamiento del Consistorio, como alegaba su representación letrada. «Los intereses particulares afectados por el cambio de denominación sí pueden quedar seria e intensamente perjudicados», señala el escrito.

Tal y como argumenta el juzgado encargado de la causa, una eventual sentencia estimatoria del recurso «conllevaría volver a la denominación primitiva», con las afecciones que esto generaría en «vecinos, comerciantes, ciudadanos e incluso administraciones públicas»: «Verían cómo, en un breve lapso temporal, la calle que aquí nos ocupa cambiaría de denominación en dos ocasiones, originándose un estado de confusión que hemos de evitar, atendidos los intereses particulares a tutelar».

«Los intereses públicos y generales a preservar no se revelan significativos y de entidad superior a los particulares en aras a mantener la ejecutividad de lo acordado por el Ayuntamiento de Madrid», prosigue el auto. «Si bien no podemos llegar a calificar como irreversible la situación generada, no podemos desconocer los graves perjuicios que se causarían a las personas, entidades y organismos afectados por dicho cambio, pues una vez consolidado el mismo, se verían obligados (…) a afrontar no pocos inconvenientes y gastos a fin de volver a la situación anterior», añade.

No obstante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 advierte que en el recurso presentado por la Fundación Patriótica Millán Astray en contra de ese cambio «no se advierten de manera ostensible y flagrante» los «manifiestos vicios de legalidad» esgrimidos por dicha organización. Será la resolución del fondo del asunto, independiente de esta suspensión cautelar, la que determine si se puede modificar o no el nombre de la citada calle.

El Ayuntamiento anunció a finales de julio que había paralizado temporalmente el cambio de las placas de 52 calles y plazas consideradas franquistas por el comisionado al que le encomendó la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad. Lo decisión la adoptó por razones de «prudencia» a la espera de que la Justicia se pronunciara sobre la petición de medidas cautelares de suspensión en tres de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra este proceso.

Además del de Millán Astray, resuelto ahora, está pendiente de respuesta la solicitud de paralización de la retirada de las calles Hermanos García Noblejas y al General Asensio Cabanillas. En este último proceso, según precisaron fuentes municipales, aparte de pedir la prohibición preventiva de la retirada de la placa con el nombre del militar, el recurso se hace extensivo al resto de referencias franquistas pendientes de eliminación.

La plataforma creada en honor del fundador de la Legión aduce que «las gestas y causas» por las que fue incluido en el callejero de Madrid datan de «1924, antes de la Guerra Civil». Además, esgrime como argumento contra la aplicación de la Ley de Memoria Histórica una respuesta del Defensor del Pueblo en la que este organismo establece que, según la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, «forzosamente ha de existir un trámite de participación de los interesados (…) para que formulen las alegaciones que a su derecho convenga», algo que, asegura, no ha hecho el Ayuntamiento.

«Seguiremos en la brecha atentos a cualquier movimiento del Consistorio para, conformes a la ley, responder con la rotundidad legionaria de la que hemos hecho gala en todas y cada una de nuestras actuaciones con el firme y único propósito de que la calle del General Millán Astray continúe en Latina, en las inmediaciones de aquel Carabanchel Bajo que en la década de 1920 creció de la mano y afecto de su benefactor», advierten en la Plataforma Patriótica que lleva su nombre.