La destitución de Celia Mayer, representación de buena parte de las críticas al Ayuntamiento de la capital, es la crónica de una muerte anunciada. Su llegada al área de Cultura y Deportes fue casi accidental, tras el escándalo de los tuits de Guillermo Zapata y su posterior dimisión. Acaso marcada desde el inicio, su gestión ha estado marcada por la polémica y prácticamente sentenciada desde el Carnaval de los titiriteros, detenidos por enaltecimiento del terrorismo, y su gestión en la aplicación de la ley de Memoria Histórica. La controvertida cabalgata de Reyes, su afiliación con Ganemos, el sector de Ahora Madrid más crítico con Manuela Carmena, y el nuevo rumbo del Teatro Español y las Naves de Matadero, entre otras cuestiones, hicieron el resto.

Vinculada al colectivo okupa del Patio Maravillas, Mayer ha sido el acicate de la oposición contra el gobierno de Ahora Madrid. Lo cierto es que sus continuos errores no pasaron desapercibidos para la alcaldesa, que la ha vaciado de poder hasta la situación actual. Fuentes municipales aseguran que su gestión del Teatro Español, con la destitución del exdirector Juan Carlos Pérez de la Fuente, y de las Naves de Matadero, con la retirada de las salas de Max Aub y Fernando Arrabal, han precipitado esta situación. No caben más rectificaciones de la alcaldesa a su concejal.

Su aplicación de la Ley de Memoria Histórica, calificada por la oposición como «sectaria y revanchista», sintetiza lo que ha sido su mandato en Cultura. Celia Mayer encargó a dedo el contrato sobre el informe del callejero franquista a la cátedra de la Universidad Complutense, dirigida por la hija de la primera esposa del dictador cubano Fidel Castro. El proyecto fue presupuestado en 17.999 euros, uno menos del límite para que saliera a concurso a público. Su desarrollo, si cabe, fue aún peor. Retiró de forma arbitraria monumentos como el del Alférez Provisional o la placa a los beatos carmelitas fusilados en el cementerio parroquial de Carabanchel. El propio Ayuntamiento reconoció la irregularidad de este procedimiento y no solo los restituyó, sino que rescindió su contrato con la Cátedra y formó el Comisionado sobre la Memoria Histórica.

Sin destituirla, Manuela Carmena dio un primer paso en este sentido hace exactamente un año, al despojar a Mayer de capacidad política y de gestión. La regidora colocó en todos los frentes mollares del Área a personas de su confianza, especialmente en el caso de la Memoria Histórica. Hasta la fecha, la concejal apenas mantenía la dirección de Madrid Destino y otras cuestiones menores.

No habían pasado ni dos meses de la polémica sobre el callejero franquista cuando llegó el Carnaval y el escándalo que marcó un punto de inflexión en el Gobierno de Manuela Carmena. La obra La Bruja y Don Cristóbal, programada para el público infantil, resultó ser una oda a la violencia. Los titiriteros fueron detenidos por enaltecimiento del terrorismo, tras mostrar un cartel con el lema «Gora Alka-ETA», y representar la violación de una monja, el ahorcamiento de un juez o el apuñalamiento de un policía, entre otras secuencias. Con los responsables de la sátira en prisión preventiva, varios ediles de Ahora Madrid, entre los que se encontraba Celia Mayer, exigieron a la alcaldesa que mediase para su liberación, además de criticar que fuera el propio Ayuntamiento quien se querellara contra ellos por el contenido de la función.