La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno un nuevo código ético para altos cargos que obliga a dimitir a aquellos dirigentes de la Administración regional que sean formalmente investigados por cualquier delito de corrupción. En este sentido, cualquier alto cargo deberá comunicar al Consejo de Gobierno la apertura de cualquier procedimiento penal en su contra.

Como ha especificado Cifuentes, esta normativa «se suma a los códigos éticos de los diputados y miembros de la gestora», tiene carácter vinculante y busca primar «la objetividad, la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad» en la gestión pública. Según ha expresado, este código pone «la ética por encima de la legalidad».

Por ello, también limita la aceptación de cualquier regalo derivado de su cargo, «salvo las muestras de cortesía habitual» que, según han especificado desde la Comunidad, redundan en aquellas que determina el sentido común. Es decir: bombones, sí; coches o vacaciones pagadas, no.

La adhesión al mismo será «expresa e individualizada» en el caso de los nuevos altos cargos, mientras que los ya existentes la asumirán en el momento en el que se publique la orden. Todos ellos tendrán la obligación de abstenerse igualmente en aquellos asuntos en los que tengan interés personal. Los altos cargos tampoco podrán formar parte de las mesas de contratación cuando sean el órgano decisor ni ser integrantes de los tribunales de selección de empleados públicos ni de las comisiones de valoración de subvenciones por concurrencia competitiva.

El código ético también eleva hasta los dos años siguientes al cese la imposibilidad de estos altos cargos de ser contratados por las empresas concesionarias de la Administración de la Comunidad o que lo hubieran sido durante su época en activo.

Para controlar la efectividad del código, el secretario general técnico de la Consejeria de Presidencia elaborará un informe de evaluación anual sobre el cumplimiento de las nuevas medidas.