Madrid estrenará el año que viene una nueva tasa para los 2.084 cajeros automáticos situados en la vía pública. El Ayuntamiento de la capital tiene previsto recaudar 745.000 euros anuales con este impuesto a las entidades financieras, que tendrá cuotas de entre 26 y 742 euros.

Para el sector bancario, la medida llega en un momento de importantes dificultades para hacer rentable su negocio. Por ello, parece poco probable que si la banca tiene que hacer frente a una nueva tasa, ésta no la acabe trasladando de alguna forma a sus clientes.

De ser así, los usuarios tendrían que hacer frente a un nuevo recargo que se sumaría, entre otros, al que muchos ya han tenido que soportar tras la llamada guerra de los cajeros.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a la cúpula de varias entidades, “la banca se ha hartado ya de carmenadas”. Y esta última medida, que aunque el Ayuntamiento asegura que “no va contra el sector bancario”, no están dispuestos a pasarla por alto.

Valoran que la alcaldesa de Madrid no haya seguido los pasos de Ada Colau en Barcelona y haya descartado, por ahora, implantar en la capital de España un impuesto especial sobre los pisos vacíos. Pero critican ahora el “carácter confiscatorio y el gravamen al acceso a la liquidez, que es un servicio básico para el cliente” de esta tasa a los cajeros.

Según las fuentes consultadas, antes de que cada entidad decida si repercutir al cliente el recargo atendiendo a su política de comisiones, los bancos se han aliado para explorar todas las vías legales para conseguir tumbar la medida a través de un recurso contra la ordenanza municipal.

No obstante, en varias entidades reconocen que no va a resultar una tarea sencilla. El Tribunal Supremo abrió la puerta en 2009 para que los ayuntamientos puedan cobrar una tasa a los bancos por los cajeros situados en la vía pública. Desestimó en 2009 el recurso de la CECA (la patronal de cajas de ahorros) contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de las Islas Baleares que rechazaba eliminar la tasa que había implantado el ayuntamiento de Palma de Mallorca. El Supremo ratificó así el gravamen que pagan las entidades financieras por instalar cajeros en la vía pública.

Ahora, la mayor inquietud de los grandes grupos financieros es que la tasa pueda extenderse por otros ayuntamientos de toda España, más allá de la veintena de capitales y pequeñas localidades que ya la tienen implantada.