El próximo 16 de septiembre expira el contrato actual y el Ayuntamiento de Manuela Carmena asumirá la gestión de la nueva Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A., lo que implica un coste de 56 millones de euros para las arcas locales en concepto de subrogación de los trabajadores y rehabilitación de los cementerios.

El equipo de Gobierno, que prevé que al remunicipalizar el servicio se multipliquen por siete los ingresos del Ayuntamiento, deberá abonar 31,8 millones de euros para mantener a los 529 empleados de la actual Empresa Mixta de Servicios Funerarios. A esta cantidad hay que sumar otros 23,8 millones para rehabilitar los cementerios, especialmente la a Almudena, que supone el grueso con 16 millones de euros.

La inmensa necrópolis, una de las más grandes de Europa, urge un plan integral para mejorar sus infraestructuras. Nuestra Señora de La Almudena, en el distrito de Ciudad Lineal, presenta un aspecto semiabandonado en muchas zonas. Las aceras están levantadas en varios puntos, el asfalto desconchado, los nichos están comidos por la humedad y apuntalados por riesgo de derrumbe, algunas sepulturas están al descubierto y vacías, existe un elevado riesgo de derrumbe en sus muros…

La situación de abandono ha llegado hasta tal punto, que las mesetas número 2 y 3 están cerradas. Como ha venido informando este periódico, los robos de crucifijos y materiales de valor, como metales y mármoles, se han convertido en algo habitual. Si bien en 2012 se aprobó un plan integral de rehabilitación, este no llegó a ponerse en marcha. Este año, con una partida de 4,4 millones de euros para todos los cementerios, el Consistorio de Manuela Carmena tomará el mando de la Funeraria con la necesidad de gastar en su primera remunicipalización cerca de 60 millones.

La empresa municipal concentrará la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. El Consejo de Administración, que celebró el pasado 7 de julio su primera reunión, cuenta, entre sus miembros, con los ediles de Ahora Madrid Rommy Arce, Carlos Sánchez Mato, Javier Barbero y Paco Pérez.

El PP y Ciudadanos se muestran en contra de esta medida, fruto de la «ideologización» de la política de la marca municipal de Podemos, y niegan que con ello vaya a funcionar mejor el servicio y repercuta en las arcas municipales.