Premiar el mérito académico, atraer talento nacional e internacional, potenciar la investigación y, en general, colocar a los campus madrileños en condiciones de competir con los mejores de España y del mundo. Ésos son los desafíos que se ha marcado el Gobierno regional para la nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, en la que lleva trabajando desde el inicio de la legislatura de la mano de las universidades públicas y otros colectivos y personalidades académicas.

EL MUNDO ha tenido acceso al fruto de ese trabajo, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y marzo de 2016: un documento marco de 50 páginas que los últimos días se ha entregado a agentes sociales y otros colectivos académicos para detectar los posibles puntos de consenso y de fricción antes de redactar el articulado de la ley, que previsiblemente se aprobará «en los meses venideros».

En este estudio preliminar se recoge el plan de la Consejería encabezada por Rafael Van Grieken para modernizar a las universidades madrileñas con la receta que emplean los centros más prestigiosos del mundo, aunque partiendo de dos premisas: se reconocen los esfuerzos que ha realizado la comunidad educativa en los últimos años para competir con otros sistemas pese a contar «con una menor dotación de medios»; y se orienta la reforma «a convencer, persuadir y apoyar a la comunidad universitaria» mediante un sistema de incentivos y un modelo de financiación por objetivos, más «que a la imposición de nuevas obligaciones».

Desde ese enfoque, el documento descarta marcarse «objetivos grandilocuentes» para centrarse en articular «un elenco de medidas muy concretas». Éstas deberían servir de herramientas a las que puedan recurrir libremente las universidades en sus propósitos de transformarse y mejorar. Éstas son algunas de ellas:

Captación de talento

Frente al modelo endogámico que suele funcionar en las universidades españolas, se recogen una serie de medidas orientadas a lograr que las convocatorias de puestos docentes se hagan con transparencia y con la mayor difusión a nivel nacional e internacional. El objetivo es captar talento para las universidades madrileñas como ya lo hace en el sistema catalán (una de las fuentes de inspiración de la ley) el programa Serra-Húnter.

Para ello, se plantea la creación de la figura de profesor agregado, equiparable a las funcionariales, pero por la vía laboral. Así, se garantizará la progresión académica de los fichajes extranjeros, pero superando las limitaciones y la burocracia que acarrean las plazas de profesor titular y catedrático. Asimismo, se propiciará la creación de complementos retributivos renovables dentro de las propias universidades para premiar a los mejores docentes e investigadores.

Docencia

El documento asume que «las lecciones magistrales ya no constituyen la única ni principal técnica de aprendizaje», así que propone dar reconocimiento a otras labores del profesorado: dirigir trabajos de fin de grado o máster, participar en proyectos de innovación docente o en Massive Online Open Courses (MOOC’s), dar docencia en inglés…

En concreto, las titulaciones bilingües o en inglés se potenciarán como forma de mejorar el atractivo internacional del espacio madrileño de educación superior para profesores y alumnos extranjeros.

Investigación

La Comunidad insiste en que «la investigación determina en muy buena medida el prestigio de las instituciones». Sin embargo, reconoce que actualmente no tiene ni la «estabilidad, dimensión ni planificación que serían necesarias» porque es la docencia la que domina la organización universitaria.

Para solucionarlo, se articulan medidas como permitir la dedicación preferente de una parte del personal a cada una de las funciones de la universidad y, en especial, a la investigación, la innovación docente y la transferencia de conocimiento. Eso sí, siempre con una planificación previa de objetivos y evaluaciones periódicas de resultados.

También se incluye crear unidades de alto rendimiento científico en distintos niveles (desde grupos a grandes centros de investigación) garantizando amplios márgenes de autonomía académica respecto de los departamentos. Sí estarán sometidos a la evaluación periódica de su actividad y a control económico por parte de los rectorados. Este programa, inspirado en el Icrea catalán, persigue mejorar los resultados madrileños en la pugna por financiación competitiva para investigación.

Financiación

La Comunidad propone hacer «un mayor esfuerzo económico» en la Universidad en los próximos años, tal y como se consignará en el nuevo modelo de financiación que pretende aprobar. En él se recogería una parte básica para sufragar la actividad de los campus y otra condicionada al cumplimiento de los objetivos y buenas prácticas que se recogerán en la ley y otros específicos de cada centro, con miras a su fortalecimiento y especialización.