La situación actual de las bandas latinas, con un repunte en los últimos cuatro años de los niveles de delincuencia relacionados con su actividad, hace tiempo que extendió sus redes más allá de los tristemente famosos Latin King.

Compuesta mayoritariamente por ecuatorianos, dominicanos y colombianos, este grupo criminal -el primero en llegar a España a principios de siglo-, ha perdido fuerza en favor de otras organizaciones.

Ahora, son los Dominican Don’t Play, formados a partir de una escisión de los Trinitarios -otra de las bandas «de nuevo cuño»-, los que dominan una compleja problemática que en 2018 culminó con un homicidio, nueve tentativas y 65 detenidos que pasaron por la Fiscalía, en un total de 33 acciones delictivas. Así consta en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que alerta de la progresiva «reactivación» de los llamados Capítulos, nutridos en gran medida por menores de edad.

De los 65 arrestados, 19 son miembros probados de los Dominican Don’t Play, 7 de los Trinitarios, 6 de los Ñetas y 1 de los Lating King. De todos ellos 17 ingresaron en prisión. El informe recalca la estructura «piramidal» de estas bandas, con «obediencia ciega a sus dirigentes», que se rigen por un conjunto de «leyes» conocidas como «La Constitución» o «La literatura». Destaca también la «fuerte cohesión interna» y el «distanciamiento del entorno social y familiar» de sus integrantes, así como la supremacía ideológica de todo «lo latino» y de «los latinoamericanos».

Respecto a sus principales fuentes de financiación, la Fiscalía hace hincapié en las «cuotas obligatorias» que deben abonar sus miembros, los robos con violencia y el «menudeo» de drogas. Actividad, esta última, que ya no practican en los parques y otros lugares públicos de reunión, registrándose una tendencia a okupar «inmuebles vacíos», con el objetivo de no ser detectados.

Por otro lado, al auge «alarmante» del consumo de heroína en los narcopisos y el aumento del 12% de las violaciones y 28% de los abusos sexuales, reflejados en la memoria, se suman la subida de los homicidios dolosos, 38, dos más que en 2017; y el incremento de los delitos de violencia doméstica y de género (2,7%) y de lesiones y maltrato familiar.

La Fiscalía recuerda que casi la mitad de las órdenes de protección a maltratadas fueron denegadas (2.414 de las 5.038 solicitadas) y pide eliminar la opción a no declarar de las víctimas, ya que son muchas «las mujeres que desean acogerse a su derecho de dispensa», dificultando la condena de los agresores.