Los requerimientos de las Fiscalías de Menores de Madrid, Cádiz y Segovia contra la emisión de «Proyecto Bullying», el programa sobre acoso escolar de Cuatro, alegando el derecho a la intimidad de los menores, han provocado que Mediaset decida finalmente no emitir el formato. Ante esta situación, que el grupo «acata pero no comparte», y «dado el compromiso adquirido de servir como altavoz a este problemática social y ofrecer su apoyo a las familias, Mediaset ha decidido elaborar un programa especial en el que explicará la forma en la que se ha abordado este formato y las numerosas dificultades encontradas durante todo el proceso de producción», explican en un comunicado.

Este especial, que se emitirá el miércoles en horario de máxima audiencia, contará con la participación del presentador Jesús Vázquez, los padres de los protagonistas, la psicóloga del programa, Ana Isabel Saz; así como diferentes expertos en la materia, entre otros invitados.

Mediaset también ha querido subrayar en su nota que «Proyecto Bullying» fue elaborado con sumo cuidado, en un proceso de producción que duró más de un año. «El programa ha evidenciado las situaciones de acoso que estaban sufriendo los protagonistas en sus centros de estudio mostrando la realidad sin filtros, sin culpabilizar a nadie y preservando en todo momento el anonimato de las personas implicadas. Además, ha obtenido un resultado positivo en la evolución de los jóvenes, que han mejorado su autoestima y han conseguido forjar nuevas amistades en su entorno», añaden.

La Fiscalía de Menores de Madrid, el primer organismo que mandó un requerimiento a la cadena solicitando que no emitieran el programa, alegó que el derecho a la intimidad de los menores es «muy superior» a los hechos denunciados. Además, afirmaron en declaraciones a este diario, «aún cuando eliminaban el rostro de los participantes estos eran fácilmente reconocibles, ya que aparecían entornos muy pequeños y aspectos vecinales y familiares».

Fuentes de la Fiscalía afirmaban que planeaban incluso abrir una investigación penal, ya que «la omisión del deber de proteger a los niños, reflejando hechos que están provocándose que sucedan, puede ser incluso perseguible». «No vamos a permanecer pasivos ante la defensa del interés del menor», subrayaron.