Cristina Cifuentes ha ordenado extinguir la empresa pública de gestión del suelo Nuevo Arpegio, heredera de Arpegio, y marcada en el sumario de la trama Púnica. La desaparición de esta empresa, que también gestionaba el plan regional de inversiones PRISMA en los municipios de la Comunidad, se llevará a cabo en dos fases, según ha anunciado la presidenta regional.

Otra empresa pública, Arproma, que Cifuentes rebautiza como Obras de Madrid, asumirá la gestión del PRISMA, mientras que los activos de suelo público, propiedad hasta ahora de Nuevo Arpegio, pasarán a la administración de la dirección general de Suelo.

Cifuentes ha asegurado en repetidas ocasiones que la disolución de la empresa pública de suelo responde estrictamente a criterios de reducción de la Administración, que su Gobierno ha adelgazado un 25%, según ha dicho. Sin embargo, a nadie se le escapa la vinculación que la trama de corrupción Púnica tuvo con la antigua Arpegio, controlada por Francisco Granados. El juez investiga varios contratos de esta empresa, así como de la Fundación Arpegio, ya extinta.

Según publicaron varios medios, el presunto cerebro de la trama corrupta, David Marjaliza, habría apuntado en su declaración ante el juez a la empresa de gestión de suelo y también al ahora consejero de Medio Ambiente y «número tres» de Cifuentes, Jaime González Taboada, responsable de gestionar el Plan Prisma.

Pero Cifuentes insiste en que tomó la decisión «la primera semana» en la que asumió el cargo de Presidenta regional. «Lo sabe bien la consejera de Hacienda», ha afirmado Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Las Rozas. «Mayor eficiencia, reducción de gasto público y mayor transparencia en la gestión. No hay absolutamente ningún otro motivo», ha aseverado la presidenta, del PP, quien ha reconocido el sinsentido de que existiera Arpegio con funciones duplicadas con la sociedad pública Arproma.