El actual concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, y la edil de Cultura, Sandra Mayer se erigieron en los portavoces/dirigentes de una protesta de okupas en Madrid, según el diario El Mundo.

Y así se lo transmitieron a los representantes de la Policía Nacional. Y por ello, el actual responsable de la seguridad de Madrid, Barbero, fue denunciado por la Brigada de Seguridad Ciudadana, por la Primera Unidad de Intervención, «por erigirse como organizador, participante e interlocutor entre las personas que habían ocupado un inmueble de Madrid, según consta en la documentación policial a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Esta documentación narra el «intento de ocupación de un inmueble de la calle Hermanos Alvarez Quintero, de Madrid».

Eran vísperas del día de reyes de 2015. Pasadas las 20.05 horas «se recibe comunicación del jefe de sala del 091 comunicando que un grupo de unas 200 personas se encontraba en manifestación en la calle de la Beneficencia y que al parecer pretendían ocupar un inmueble en esa zona. En previsión de incidentes se procede a situar en la zona a un subgrupo de la plaza de Alonso Martínez y otro en la de Bilbao».

A las 20.30, los agentes de la Policía constatan que se ha procedido a la entrada en el inmueble sito en la calle Hermanos Álvarez Quintero «y que en el exterior se encuentra un número importante de personas en apoyo de dicha ocupación».

La Policía, viendo la importante concentración de personas, opta por reforzar el dispositivo policial. Cuando el despliegue policial queda completo, en la zona ya se han concentrado más de 300 personas en apoyo de la ocupación. Es apenas pasadas las 20.45 cuando se dispone que los agentes despejen la calle.

En esos momento se acerca al mando policial José Javier Barbero Gutiérrez y Celia Mayer Duque, los cuales «dicen ser portavoces y se erigen como interlocutores de las personas encerradas en el interior del inmueble. Durante la intervención se puede observar que la mediación realizada por esta persona y los acuerdos alcanzados por ella son seguidos por los encerrados, demostrando con ello un papel dirigente y principal en dicha movilización», relatan los documentos policiales que obran en poder de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Dichas personas negocian con el mando policial de forma insistente, con el fin principal de ganar tiempo sin asegurar ningún resultado. Durante la negociación llegan a decir que el diputado en el Congreso de los Diputados, el señor Alberto Garzón, y la diputada de la Asamblea de Madrid Tania Sánchez se encuentran en el interior y que están en conversaciones con distintas autoridades del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid, relata la Policía.

Los agentes, a través de estos «interlocutores» hacen saber a las personas encerradas «que se va a proceder a la entrada y filiación de las personas que allí se encuentran y a la consiguiente instrucción de expediente sancionador por parte de la autoridad administrativa, en este caso la delegación del Gobierno de Madrid.

En ese momento, de nuevo, los ahora concejales, entablaron nuevamente una negociación con la Policía «con el fin de ganar tiempo. Al serle negado, ofrecen como salida al conflicto la posibilidad de abandonar el inmueble por sus propios medios si por parte de la Policía había compromiso de que no se va a identificar para sanción a ninguno de ellos».

Ante esta posibilidad de solucionar el conflicto sin necesidad de utilizar la fuerza, y «obrando ya en poder de los mandos policiales la identificación de las personas responsables de la movilización, se accede a lo solicitado, permitiendo la salida del inmueble en número de unas 150 personas y su dislocación sin mayores incidentes».