Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de 18 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental que eran en su mayoría “clientes” de una organización criminal dedicada a la realización de matrimonios ilegales para la obtención de la tarjeta de familiar comunitario y, de ésta manera, garantizarse la residencia legal en todo el territorio de la Unión Europea.

Según informa Jefatura en un comunicado, los arrestados son todos ellos contrayentes que, a sabiendas de la ilegalidad de esta práctica, llevaron a cabo estos matrimonios ilegales a cambio de una remuneración económica. En la mayoría de los casos, los matrimonios se producían entre ciudadanos egipcios en situación irregular y ciudadanas españolas. Los matrimonios se celebraban en Juzgados de Paz de la región.

Las investigaciones se inician a principios de 2015 cuando los agentes detectan varias irregularidades en la documentación aportada por diversos solicitantes de tarjetas de residencia ante la Delegación del Gobierno.

Además de que resultaba llamativo el incremento de solicitudes de tarjetas de familiar comunitario por parte de ciudadanos egipcios casados con mujeres españolas de etnia gitana, también resultaba sospechoso que todos los expedientes aportaban el mismo empleador como justificante de un contrato laboral y sus solicitantes residían en París.

A partir de ese momento se inician gestiones que dan como resultado la identificación de esta organización y la detención de sus principales líderes a mediados del presente mes, ciudadanos egipcios que llegaban a cobrar hasta 13.000 a sus compatriotas en Francia para concertarles los matrimonios con mujeres españolas. La mayoría de los matrimonios se oficializaron en diversos Juzgados de Paz de la región.

Todos los arrestados son consecuencia de una operación llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid para acabar con esta práctica ilegal y que desde enero de 2015 lleva 138 detenidos por hechos relacionados y de idéntica naturaleza.

Entre ellos hay 128 personas que actuaron como contrayentes, y a quién se les imputó un delito de falsedad documental, y a otras diez también se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y un delito de pertenencia a organización criminal.