Según La Razón, el pasado 11 de noviembre, la magistrada de Segovia Beatriz Rico se inhibía en favor de los juzgados de Plaza de Castilla de la querella interpuesta por el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su marido, Eduardo Leira, en relación con el procedimiento seguido por la declaración de insolvencia de la empresa de arquitectura de éste, lo que derivó en que los trabajadores que tenía en nómina dejasen de percibir sus honorarios.

Esa magistrada, además de acordar la inhibición, decidía incoar diligencias de investigación al apreciar que los hechos a que se refieren esas actuaciones «hacen presumir la existencia de una infracción penal tipificada contra la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores e insolvencia punible».

Sin embargo, a día de hoy, nada ha cambiado. No se ha practicado una sola diligencia, no se ha pedido informe al fiscal sobre si debe continuar adelante o no el procedimiento, o si es necesario reclamar algún tipo de documentación. Nada de nada. Y ello por la sencilla razón de que, tres meses después, la querella ni siquiera ha sido turnada entre los juzgados de Plaza de Castilla, por lo que no hay todavía un magistrado que se haya hecho cargo del asunto.

Al parecer, todo deriva en las dificultades de implantación que está teniendo la aplicación del nuevo sistema informático, denominado Lex-Net, que ha podido originar la paralización en el reparto de los asuntos que ingresan en los juzgados.

Estas circunstancias han sido denunciadas por Manos Limpias en el Consejo General del Poder Judicial, al considerar que la puesta en marcha de la citada aplicación está provocando «una auténtica catástrofe en el funcionamiento de los Juzgados de Plaza de Castilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo». Para ello, se cita expresamente lo relacionado con el auto de inhibición de la magistrada de Segovia respecto a Manuela Carmena, aportándose la correspondiente resolución: «Hasta el pasado viernes, no se había repartido», afirman.

En relación con esta causa, la querella alude que la actual alcaldesa de Madrid habría contribuido eficazmente a «salvar» el patrimonio familiar, ofreciéndose a ser «avalista» de la sociedad de su marido, «garantizando así la despatrimonialización» de la empresa de la que éste era titular.