La izquierda madrileña quiere quitar del Código Penal el artículo que castiga las coacciones a un trabajador para obligarle a hacer huelga. Eso es lo que pide la proposición que Podemos lleva hoy a la Asamblea de Madrid y que apoya el PSOE, según anunció ayer su portavoz, Ángel Gabilondo, tras reunirse con el líder regional de CC OO, Jaime Cedrún.

La excusa es el apoyo a «Los 8 de Airbus», como se conoce a los sindicalistas que en 2010, durante una huelga general contra el Gobierno de Zapatero, protagonizaron un duro enfrentamiento con la Policía Nacional frente a la factoría que esta empresa aeronáutica tiene en Getafe.

Estos incidentes se desataron cuando los piquetes sindicales se enfrentaron a un compañero que intentaba acceder a la factoría para trabajar, lo cual provocó que la Policía tuviera que intervenir, incluso con varios disparos al aire. El juicio tendrá lugar la próxima semana en los Juzgados de Getafe y la Fiscalía pide hasta 8 años y 3 meses de cárcel para cada uno de los ocho acusados.

Esta iniciativa de Podemos solicita tres cuestiones. Las dos primeras, que el Gobierno central –ahora en funciones– «manifieste su apoyo y solidaridad activa con estos trabajadores y que «se comprometa a restaurar de forma nítida el derecho a la huelga».

Hasta ahí, nada extraordinario. Pero la polémica está servida con el tercer y último punto, que pide derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Este artículo completo es el que garantiza en la misma medida el derecho de cualquier persona a hacer o no hacer huelga sin coacciones de otras individuos o grupos, como los piquetes.

Así, los apartados 1 y 2 de esta norma castigan con hasta tres años de prisión a quienes coaccionen a otros para limitar su libertad sindical y derecho a hacer huelga. Y el apartado 3 castiga en la misma medida a quienes coaccionen a otros para obligarles a iniciar o continuar una huelga.

Este último apartado del artículo 315, solo el que afecta a las coacciones contra el derecho a no hacer huelga, es el que exigirán hoy Podemos y PSOE en la Asamblea. No lo tendrán fácil, porque ni PP ni Ciudadanos apoyarán un texto con ese polémico punto.

Ambos grupos, que suman mayoría en la Asamblea, coinciden tanto en el fondo como en la forma: en cuanto a esta última, PP y C’s recuerdan que el Código Penal no es una competencia regional, sino estatal, y por lo tanto no procede tratar este asunto en la Asamblea de Madrid. Y, sobre el fondo, populares y naranjas consideran que el derecho a hacer huelga es tan legítimo como el de no hacerla, por lo que las coacciones contra cualquiera de ellos deben estar igualmente castigadas.

Los incidentes por los que se juzga a «Los 8 de Airbus» ocurrieron durante una huelga contra un Gobierno del que fue ministro el propio Gabilondo y bajo un dispositivo policial gestionado por una delegada del Gobierno socialista, Amparo Valcarce, que entonces defendió la actuación de los agentes frente a la «agresión extrema» de los piquetes.